Un informe advierte sobre el autoritarismo del kirchnerismo en provincias del norte
Informe advierte la concentración de poder, opacidad institucional y expansión del crimen organizado.
Un reciente informe presentado en Buenos Aires por el Instituto Interamericano para la Democracia encendió una nueva alerta sobre la situación política e institucional en cuatro provincias del norte argentino, pero llamaron la atención dos: Formosa y Santiago del Estero.
El documento, elaborado por el periodista y consultor en seguridad Douglas Farah, fue presentado en la Universidad Austral ante un auditorio que reunió a académicos, expresidentes, juristas y referentes de la sociedad civil de América Latina.
Bajo el título “Argentina Feudal: cómo los caudillos provinciales socavan la democracia y el Estado de derecho”, el estudio examina lo que describe como un modelo de gobernanza concentrado, caracterizado por la falta de controles institucionales, dependencia del poder central y condiciones ideales para el avance del crimen organizado.
En el caso de Formosa, la investigación apunta directamente al prolongado dominio del gobernador peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, a quien señala como “el ejemplo más completo de un gobierno feudal moderno”. Según el informe, el mandatario controla de forma absoluta las principales esferas del Estado, incluyendo el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y la economía provincial.
Esta centralización del poder se sostiene, en buena parte, gracias a una fuerte dependencia económica del Estado nacional: más del 90% del presupuesto provincial proviene de transferencias federales, y el 68% de los empleados formales trabajan para el Estado.
El informe también subraya la vulnerabilidad de Formosa frente al crimen transnacional. La provincia se encuentra atravesada por rutas de narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y trata de personas. La frontera con Paraguay es calificada como “altamente porosa” y desprotegida, lo que favorece la expansión de actividades ilícitas con escasa o nula respuesta estatal.
Esta combinación de poder concentrado, ausencia de controles, pobreza estructural y geografía fronteriza, según el autor, convierte a la provincia en un entorno propicio para organizaciones criminales globalizadas que operan con un modelo descentralizado y adaptable.
Santiago del Estero, por su parte, es descrita como un caso de “concentración de poder político en una estructura familiar cerrada”, con el kirchnerista Gerardo Zamora y su esposa, la actual senadora Claudia Ledesma Abdala, alternándose en los principales cargos ejecutivos desde 2005.
El documento sostiene que el poder judicial provincial ha sido utilizado como herramienta de disciplinamiento político y apropiación de recursos, con más de 300 denuncias documentadas por usurpación de tierras rurales en las que se habría verificado complicidad estatal.
A pesar de los altos niveles de pobreza, la provincia presenta obras de infraestructura de gran envergadura —como aeropuertos, estadios y centros culturales— que, según el estudio, son financiadas con fondos discrecionales nacionales y utilizadas como instrumentos de propaganda oficialista.
En el plano del crimen organizado, Santiago del Estero se ubica como un nodo estratégico dentro del corredor del narcotráfico que conecta Bolivia con Rosario, a través de la Ruta Nacional 34.
La conclusión del informe es categórica: en estos territorios, el Estado de derecho está debilitado hasta el punto de facilitar una gobernabilidad paralela basada en estructuras clientelares, sometimiento institucional y riesgo nulo para organizaciones criminales. Farah advierte que el modelo no responde ya a categorías ideológicas clásicas, sino a una lógica de perpetuación del poder desprovista de contenido político real.
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