La causa investiga el desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales durante el kirchnerismo.
La causa “Sueños Compartidos” se convirtió en uno de los expedientes judiciales más emblemáticos por presunta corrupción en el uso de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas. La investigación pone el foco en el destino de millonarios recursos estatales que debían financiar la construcción de viviendas sociales, pero que, según la acusación, habrían sido desviados.
El programa “Sueños Compartidos” era impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que en ese momento estaba presidida por la fallecida Hebe de Bonafini. A través de este esquema, el Estado nacional financiaba la construcción de viviendas en distintas provincias y municipios del país. Entre 2008 y 2011, se transfirieron aproximadamente 748 millones de pesos de aquella época para ese fin.
Sin embargo, la investigación judicial sostiene que más de 200 millones de pesos no se utilizó para construir viviendas, sino que habría sido desviada hacia empresas vinculadas a los administradores del programa y a gastos personales.
¿Quiénes son los principales involucrados?
En el centro de la causa aparecen los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes se desempeñaban como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y tenían un rol clave en la administración de los fondos. Según la acusación, habrían sido los principales responsables del desvío de dinero mediante una estructura de empresas y maniobras financieras.
También están imputados exfuncionarios del gobierno nacional, entre ellos:
- Julio De Vido, exministro de Planificación Federal.
- José López, exsecretario de Obras Públicas, recordado por el escándalo de los bolsos con dinero.
- Otros exfuncionarios como Abel Fatala y Carlos Castellano.
Además, la propia Hebe de Bonafini fue inicialmente enviada a juicio, aunque falleció en 2022.
¿Qué delitos se investigan?
La causa gira principalmente en torno a tres tipos de delitos:
- Defraudación al Estado: por el presunto uso indebido de fondos públicos.
- Asociación ilícita: por la posible existencia de una estructura organizada para cometer los hechos.
- Lavado de dinero: en una segunda etapa del expediente, vinculada a la adquisición de bienes con fondos presuntamente desviados.
Según la investigación, se detectaron extracciones de dinero en efectivo, emisión de cheques a nombre de los involucrados y transferencias a empresas relacionadas con los Schoklender.
¿Por qué la causa demoró tantos años?
Aunque la investigación comenzó en 2011 y fue elevada a juicio en 2019, el proceso sufrió múltiples demoras: cambios de jueces, nulidades, discusiones técnicas y planteos de prescripción.
Esto llevó a que el juicio oral recién comenzara en 2026, con el riesgo concreto de que algunos delitos prescriban si no hay una resolución a tiempo, lo que generó fuertes críticas sobre el funcionamiento del sistema judicial.
¿Por qué es un caso clave?
La causa “Sueños Compartidos” no solo involucra cifras millonarias, sino que pone bajo la lupa el uso de un programa social clave —la construcción de viviendas— en medio de presuntas maniobras irregulares, con la participación de una organización extremadamente símbolica como la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Con el paso de los años, el expediente se transformó en un caso testigo sobre la falta de controles en el uso de fondos públicos, de la corrupción e ineficiencia de funcionarios y actores vinculados, y las demoras de la Justicia que mantienen a la causa al borde de la prescripción.
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