Hará servicio comunitario en Argentina y deberá pagar una indemnización.
La causa contra la abogada argentina Agostina Páez en Brasil dio un giro decisivo tras la intervención de la Cancillería argentina, que logró encauzar el proceso hacia una resolución menos gravosa y habilitar su regreso al país. El tribunal penal brasileño resolvió que la imputada deberá cumplir tareas comunitarias en Argentina y afrontar una reparación económica a las víctimas, evitando así una pena de prisión efectiva.
El caso, que había generado fuerte repercusión por la acusación de “injuria racial” por la defensa que realizó la abogada por su acoso por parte de un ciudadano brasilero, contemplaba inicialmente un escenario mucho más severo, con una posible condena de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, la recalificación de los cargos y la estrategia diplomática argentina permitieron reducir significativamente el alcance de la causa.
La clave del cambio estuvo en la intervención del Consulado argentino en Río de Janeiro, que presentó ante la Justicia brasileña garantías formales para que Páez pudiera continuar el proceso desde la Argentina. El planteo incluyó el compromiso de que la acusada cumplirá con las obligaciones judiciales, tanto en materia de tareas comunitarias como en el resarcimiento económico.
Este respaldo fue determinante para que el tribunal aceptara una alternativa a la prisión, alineada con una salida que prioriza la reparación del daño antes que el castigo punitivo extremo. En este contexto, la pena se traduce en una combinación de servicio comunitario y compensación financiera a las víctimas, cuyos montos finales serán definidos en la resolución judicial.
El episodio que originó la causa se remonta al 14 de enero, cuando Páez protagonizó un altercado en un bar de Ipanema tras una discusión por una cuenta. Un gesto registrado en video y viralizado en redes sociales fue considerado por la Justicia brasileña como discriminatorio, lo que derivó en la apertura del proceso penal.
Durante las semanas posteriores, la abogada permaneció en Brasil bajo estrictas condiciones, incluyendo la prohibición de salir del país y el monitoreo con tobillera electrónica. La posibilidad de que el proceso se extendiera durante años encendía alertas sobre una permanencia forzada o incluso una eventual detención efectiva.
La gestión diplomática argentina resultó central para modificar el rumbo del expediente. La Cancillería actuó sin interferir en la soberanía judicial de Brasil, pero aportando las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento del proceso desde territorio argentino.
Además, durante la audiencia, la defensa insistió en que se trató de un episodio aislado y no de una conducta reiterada, mientras que la propia Páez manifestó arrepentimiento y pidió disculpas por lo ocurrido. Estos elementos también fueron considerados en la evaluación judicial.
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