Tras el desalojo de 19 okupas, iniciaron las obras para levantar una barrera de 250 metros para subsanar más de una década de desidia municipal.
Este jueves iniciaron las obras de cerramiento definitivo en el edificio abandonado conocido como “La Mole”. La intervención consiste en la construcción de un muro de material con una extensión de 250 metros y una altura de 6 metros. Esta barrera perimetral busca blindar el inmueble ubicado en Bv. San Juan y San José de Calasanz tras más de 10 años de abandono institucional y judicial.
La medida fue ejecutada luego de un operativo de la Policía de Córdoba que logró retirar a 19 ocupantes ilegales. Entre las personas que pernoctaban en el lugar se encontraba una menor de 17 años, lo que evidencia el riesgo social del predio. Según fuentes oficiales, el retiro de los intrusos se realizó de forma voluntaria antes de comenzar las tareas de limpieza y remoción de escombros.
La peligrosidad de la estructura quedó expuesta tras la viralización de un video que mostraba a un adolescente en una cornisa. Ante el riesgo de vida inminente, el Ministerio de Seguridad ordenó la identificación de los ocupantes y el bloqueo físico del acceso. El inmueble atraviesa un complejo proceso de quiebra, lo que ha dificultado históricamente la determinación de responsabilidades civiles sobre su mantenimiento.
¿A quién le mandan la cuenta?
El costo de la obra de albañilería no será absorbido definitivamente por los contribuyentes locales. El Gobierno anunció que irá en proceso de repetición contra los propietarios o la quiebra para recuperar los fondos invertidos. La legislación vigente establece que la obligación de garantizar el cerramiento perimetral y la seguridad del predio corresponde estrictamente al frentista.
Por su parte, la Municipalidad asistió a 24 personas mediante dispositivos de contingencia social y equipos técnicos de salud mental. Se constató que el 89% de los censados ya había pasado previamente por programas de asistencia para gente en situación de calle. Esta intervención estructural pone fin a un ciclo de degradación urbana que afectó la propiedad privada y la seguridad del sector por más de una década.
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