Abel Furlán busca su reelección en medio de graves denuncias por violencia, armas de fuego, robo y rotura de urnas y padrones alterados.
Las elecciones de autoridades dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, en el marco de la intentona reeleccionista de Abel Furlán, se han transformado en un escándalo sin precedentes en medio de denuncias de violencia y fraude que terminaron en el juzgado Federal de la localidad.
Lo que debía ser una jornada democrática en la seccional Zárate-Campana derivó en un escenario de violencia y presunto fraude que ha obligado a la oposición, liderada por la Lista Naranja, a abrir dos frentes judiciales simultáneos para frenar la asunción de las autoridades electas en semejante marco de irregularidades.
En la jurisdicción de Zárate-Campana, se tramita una causa penal que investiga los eventuales delitos comunes cometidos durante los días 2 y 3 de marzo. Según los documentos presentados por el apoderado Diego Castillo, el proceso estuvo marcado por hechos tales como el hostigamiento con armas de fuego, que habría tenido como protagonista al directivo Jeremías Colella, quien habría amenazado al fiscal de la lista, Cristian Monzón, para expulsarlo de la sede.
Incluso, varios de los hechos ocurrieron frente al veedor del ministerio de Capital Humano, Facundo Campos, quien presenció cómo un miembro de la Junta Electoral, Francisco Tapia, negaba a los fiscales de la oposición el conocimiento sobre el recorrido que las urnas volantes iban a seguir. De hecho, el mencionado Monzón, que debía custodiar la urna 24, fue alejado de la misma antes de ser gravemente intimidado.
Por su parte, el fiscal Alejandro Aguilar, también de la oposición, no fue ajeno a la intimidación, al punto que se le impidió el ingreso a la Junta Electoral seccional donde pretendía cumplir con sus funciones, bajo amenaza de ser golpeado por un grupo de personas desconocidas.
Pero además, se produjo un claro ataque al patrimonio electoral mediante la rotura de más de 20 urnas y la llegada de unidades (como las urnas 47 y 20) con precintos violados y totalmente abiertas.
Frente a la negativa de ingreso a la sede sindical, los apoderados convocaron a un escribano público que labró un acto de los hechos, la cual fue acompañada junto con los escritos presentados en las diversas instancias judiciales en curso. El acta además, otorga validez y fehaciencia a los registros fílmicos del momento crucial, donde dicho ingreso es impedido con amenaza de violencia física.
También se denunció una evidente modificación artificiosa de los padrones. Los propios fiscales fueron impedidos de votar en su urna por no constar su nombre en los padrones, lo cual resulta una contradicción porque para fiscalizar una urna es necesario estar inscripto en el padrón correspondiente a la misma y tales fiscales habían sido convalidados por la Junta Electoral.
Asimismo los denunciantes advierten que todo esto ocurre al amparo de una intervención poco usual de la Policía Bonaerense y su aparente asociación con grupos de choque identificados como “barras bravas”, personas ajenas a la asociación sindical y a la propia localidad de Campana. Tanto la policía como los violentos sin identificación, trabajaban para impedir el acceso de fiscales al lugar del escrutinio. Al punto que, el propio Tapia, miembro de la Junta Electoral, manifestó a viva voz que “no se va a permitir el acceso para el recuento de la urnas volantes” ni en ese establecimiento ni en ningún otro, lo cual conspira de modo flagrante con la legalidad del proceso electoral.
En ese contexto convulsionado, la batalla por la legitimidad gremial se ha trasladado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante el silencio de la Junta Electoral nacional de la UOM, el abogado Santiago Arrizabalaga interpuso un recurso directo, en los términos de la ley de asociaciones sindicales, que ya tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Esta causa busca la anulación total de los comicios. El argumento central es que la voluntad del afiliado fue viciada mediante la manipulación de padrones, de los que sectores enteros de trabajadores desaparecieron de los listados habilitados, y la falta de transparencia en la custodia de los votos. Al tratarse de una impugnación contra una entidad nacional, la Justicia Porteña es ahora la que tiene el poder de decidir si la elección de Abel Furlán en la seccional es válida o debe repetirse.
Furlán y el aparente desvío de fondos
Los fraudes electorales no parecen ser la única especialidad del secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica. Hace algo más de una semana estalló un escándalo por un aparente desvío de fondos del aporte de los trabajadores hacia una empresa privada. El foco del conflicto es un convenio “reservado”, firmado en febrero de 2023 entre la conducción nacional del sindicato y la firma USEM SA.
Mediante este acuerdo, el sindicato delegó la administración de su caja principal (el 20 por ciento de las cuotas que retiene el consejo directivo y el 80 por ciento de las seccionales) a esta empresa privada, otorgándole facultades para: operar cuentas bancarias y realizar pagos, auditar los movimientos financieros de las seccionales y cobrar una comisión del 0,5 por ciento de la recaudación total, lo que equivaldría a unos 100 millones de pesos mensuales.
Para reforzar lo irregular de la situación, conviene hacer notar que USEM SA fue creada en diciembre de 2022, apenas dos meses antes de convertirse en la administradora exclusiva de los fondos metalúrgicos por un periodo de 10 años.
La trama adquiere un tinte político y personal debido a los accionistas de la empresa. Uno es Raúl Branconi (de Campana, ciudad de origen de Furlán) y la otra es María Soledad “Sol” Calle. Esta última no solo es accionista de la firma que cobra del gremio, sino que es empleada de la UOM y ocupa cargos de relevancia internacional en representación del sindicato (como en la Organización Internacional del Trabajo).
Pero además, Calle esta identificada con La Cámpora, es exconcejal de Zárate y ha sido señalada por fuentes internas como una figura de máxima confianza de Furlán, lo que explicaría el favoritismo hacia una empresa sin trayectoria previa en el mercado financiero.
El contrato entre el gremio y la empresa presenta condiciones llamativamente favorables para la prestadora. Mientras que la UOM queda atada al servicio por una década, USEM SA tiene la potestad de rescindir el contrato con solo 30 días de aviso. Además, existe una contradicción operativa: el contrato exige exclusividad de los empleados de la firma, algo que Calle no podría cumplir dada su activa agenda gremial.
No es por cierto, el único hecho de corrupción que toca a Furlán y a la cúpula de la UOM. En septiembre de 2024, dos dirigentes de la UOM seccional Campana, la base de operaciones del secretario General, sufrieron un robo de 150 millones de pesos en efectivo tras retirarlos de una sucursal del Banco de la Nación Argentina. Aunque el gremio afirmó que el dinero era para pagar obras en una sede sindical, las investigaciones policiales y versiones de la oposición, sugirieron que el destino real era una “cueva” financiera para cambiar los pesos por dólares en el mercado informal. Al detener a uno de los sospechosos, este declaró que la información sobre el traslado del dinero provino de un “entregador” dentro del propio sindicato.
Otro directivo del sindicato señalado por los afiliados es Abel Lobato, secretario Administrativo de la UOM nacional, quien parece tener inexplicables inversiones en dos studs de caballos purasangre llamados “Luzbelito”, en La Plata, y “El Basti”, en Palermo, situación que también ha generado un alto reproche mediático.
En síntesis y volviendo a las denuncias de fraude electoral, con la causa penal en el norte bonaerense y la causa institucional en los tribunales de la calle Lavalle en CABA, la conducción de Abel Furlán enfrenta su mayor crisis de legitimidad. Lo que se resuelva en ambos fueros marcará un antes y un después en la democracia interna del sindicato metalúrgico
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