Esteban Paulón impulsó una iniciativa que busca otorgar rango legal al Programa ENIA, desmantelado por el Gobierno nacional. La propuesta establece un abordaje integral e interministerial para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes de 13 a 19 años.
El diputado nacional Esteban Paulón, junto a su par Pablo Farías, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PENIA), con el objetivo de jerarquizar y restituir por ley el plan ENIA, cuya estructura —según los fundamentos del proyecto— fue desmantelada por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa propone que el PENIA funcione en la órbita del Ministerio de Salud y que esté destinado a adolescentes de 13 a 19 años, con un enfoque integral, intersectorial, de género, diversidad y derechos humanos. Su propósito central es prevenir embarazos no intencionales mediante acceso a información basada en evidencia, fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y provisión de métodos anticonceptivos eficaces.
El texto incorpora y articula al PENIA con un extenso plexo normativo vigente, que incluye tratados internacionales de derechos humanos y leyes nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. También fija principios rectores como el respeto al interés superior de niñas y adolescentes, la autonomía progresiva, la identidad de género y el acceso a información científica y confiable.
Entre los objetivos específicos, se destacan:
- Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.
- Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva.
- Fortalecer decisiones informadas y proyectos de vida de adolescentes.
- Prevenir el abuso y la violencia sexual.
- Construir estadísticas y datos epidemiológicos para diseñar políticas basadas en evidencia.
Salud como autoridad de aplicación
El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación, con funciones que incluyen cooperación técnica y financiera a las provincias, capacitación continua de equipos de salud, disponibilidad de anticonceptivos —con énfasis en métodos de larga duración—, y acompañamiento a escuelas para mejorar la implementación de la ESI.
El proyecto también prevé convenios con jurisdicciones, asistencia financiera mediante el Tesoro Nacional y la creación de una Unidad de Coordinación Interministerial que articule acciones con otras áreas del Estado, como Capital Humano, Educación y SENAF.
Para garantizar transparencia y control, se crea un Consejo Consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y referentes académicos. Además, el Ministerio de Salud deberá presentar informes anuales al Congreso sobre la implementación del programa e incluir a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el monitoreo.
Críticas al desmantelamiento del ENIA
En los fundamentos, Paulón destaca que el Plan ENIA —implementado en 12 provincias priorizadas por sus altas tasas de embarazo adolescente— redujo significativamente la fecundidad adolescente, especialmente en provincias donde estuvo activo. Además, remarca que la ESI permitió detectar situaciones de abuso sexual y que la provisión de anticonceptivos específicos para adolescentes registró caídas drásticas en 2024.
El texto cita informes de organismos como UNICEF, SAP, UNFPA y el Ministerio Público Tutelar, así como recomendaciones de la ONU y la CIDH, que instaron a Argentina a garantizar la continuidad del plan ante su desarticulación.
Una política pública que busca recuperar status federal
El proyecto recuerda que, antes de ser desmantelado, ENIA tenía previsto expandirse a las 24 jurisdicciones del país mediante convenios ya firmados. La propuesta legislativa procura dar estabilidad, financiamiento y permanencia a una política pública considerada efectiva y costo-efectiva por múltiples evaluaciones nacionales e internacionales.
Paulón sostiene que restituir el programa es clave para garantizar derechos, prevenir abusos, reducir desigualdades de género y evitar consecuencias educativas, laborales y sanitarias que afectan de manera desproporcionada a adolescentes y especialmente a niñas menores de 15 años.
