Apañado por el silencio del propio Axel Kicillof, IOMA enfrenta deudas, reclamos médicos y riesgo en tratamientos para millones de afiliados.
El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, atraviesa desde hace años una crisis profunda que impacta directamente en la atención médica de más de 2,5 millones de afiliados. Prestadores que suspenden servicios, hospitales que acumulan deudas millonarias y tratamientos en riesgo forman parte de un escenario que, lejos de mejorar, parece agravarse con el paso del tiempo.
Desde el inicio de la gestión de Homero Giles al frente del organismo, las críticas no han dejado de multiplicarse. Sectores médicos, legisladores y prestadores denuncian retrasos sistemáticos en los pagos, valores de prestaciones muy por debajo de los costos reales y una creciente incertidumbre respecto de la continuidad de numerosos servicios.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos y a los reiterados conflictos que atraviesa la obra social, Giles continúa al frente del organismo, respaldado políticamente por el gobernador Axel Kicillof, con quien mantiene una estrecha relación personal y política.
Deudas, retrasos y prestaciones en riesgo
La crisis se refleja con claridad en los números y en los conflictos que se multiplican en distintos puntos de la provincia. Hospitales municipales denuncian que el organismo paga meses después de realizadas las prestaciones y con valores muy inferiores al costo real. Un ejemplo que grafica la situación es el de una cirugía de apéndice: mientras el hospital debe afrontar gastos cercanos a 402 mil pesos, IOMA reconoce apenas 109 mil, y con retrasos que pueden llegar a siete u ocho meses.
La misma lógica se repite en otras prácticas médicas. Una cirugía traumatológica que cuesta alrededor de 413 mil pesos es abonada por la obra social con 145 mil, mientras que estudios básicos como una placa de tórax, cuyo costo ronda los 4.600 pesos, reciben una cobertura de apenas 668 pesos.
El resultado es una ecuación económica insostenible para numerosos prestadores, que deben continuar atendiendo a los afiliados con recursos propios o, en muchos casos, directamente dejar de hacerlo.
Prestaciones suspendidas y afiliados sin cobertura
Las consecuencias de este esquema ya comenzaron a sentirse en varias ciudades de la provincia.
Por ejemplo, la Agremiación Médica de Tandil decidió suspender nuevamente la atención a afiliados de IOMA debido a la falta de pago a la entidad intermediaria que administra los fondos. La situación dejó a cientos de pacientes sin su cobertura habitual y obligados a pagar consultas particulares o postergar tratamientos.
El conflicto también alcanzó a La Plata y Ensenada, donde el instituto decidió avanzar con un preaviso de corte del convenio con la Agremiación Médica Platense, lo que podría afectar la atención de más de 300 mil afiliados si el conflicto no se resuelve.
El sistema de diálisis, al borde del colapso
Uno de los capítulos más alarmantes de la crisis se registra en el área de diálisis. Según denuncian las entidades del sector, más de 4.600 pacientes dependen de un sistema que atraviesa una situación límite. La deuda acumulada del ministerio de Salud de la provinca de Buenos Aires y del IOMA con los centros de diálisis supera los 20.000 millones, mientras que el valor del módulo de hemodiálisis permanece congelado desde julio de 2024, pese al fuerte incremento de costos en insumos, salarios y transporte.
Desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD) aseguran haber enviado múltiples cartas y solicitudes de reunión al gobernador, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al propio Giles, sin obtener respuesta durante más de diez meses.
“La salud de miles de pacientes depende de una respuesta que nunca llega”, advirtieron desde la entidad.
Licitación y contraste
En este contexto de tensión sanitaria, deudas y servicios suspendidos, una decisión administrativa del presidente del IOMA generó nuevas críticas. Giles autorizó la publicación del proceso de compra número 317-0481-LPR26, destinado a la puesta en valor de los ascensores del organismo, incluyendo uno de uso privado. El presupuesto oficial previsto para esta contratación asciende a 240.864.000.
La cifra, que supera los 240 millones de pesos, promete despertar cuestionamientos dentro y fuera del ámbito sanitario, especialmente por el contraste entre la situación financiera que atraviesa el organismo y el destino de los recursos. .
Mientras hospitales denuncian deudas millonarias, médicos suspenden prestaciones y pacientes enfrentan crecientes dificultades para acceder a tratamientos, la decisión de destinar cientos de millones de pesos a refacciones internas del organismo vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos del IOMA.
Para los sectores críticos, el gasto refleja una falta de prioridades en la conducción del organismo y expone la distancia entre la realidad que viven los afiliados y las decisiones tomadas en la estructura administrativa.
Entre pedidos de informes legislativos, conflictos con prestadores y crecientes reclamos de afiliados, la obra social más grande de la provincia continúa sumergida en una crisis estructural que, por ahora, no encuentra una salida clara. Mientras tanto, la gestión de Homero Giles sigue en el centro de un debate que combina salud, política y administración de fondos públicos.
Realpolitik.com
