El empresario argentino Federico Andrés Machado, quien financió la campaña de José Luis Espert y residía en los Estados Unidos, está acusado de narcotráfico y permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, cerca del estado de Texas, donde podría recuperar la libertad en un plazo de treinta meses.
El patagonico Federico “Fred” Machado, quien en los últimos meses fue una de las personas más nombradas en el periodismo, pasa sus días vestido con un mameluco azul, uniforme que identifica a los internos de seguridad media en el sistema penitenciario estadounidense. Lejos de una cárcel de máxima seguridad como se especulaba, el empresario argentino acusado de narcotráfico permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, una prisión ubicada en el estado de Oklahoma, donde cumple una rutina controlada: ejercicios en patios comunes, horarios estrictos y medicación para poder dormir.
La correccional, como se denomina a las cárceles en el país norteamericano, se encuentra a unas cuatro horas en auto del tribunal que tiene su causa. En este lugar, las comunicaciones están restringidas y Machado solo puede contactarse con su defensa a través de correo electrónico bajo vigilancia y, en caso de recibir visitas familiares —no está confirmado si ya se produjeron—, estas se realizan por tiempo limitado, separados por un vidrio blindado y con un teléfono de por medio, como en las escenas clásicas del cine carcelario norteamericano.
Desde esa correccional, cuando tuvo que comparecer ante la Justicia federal o realizar trámites vinculados a su causa, Machado es trasladado más de cuatro horas hasta Dallas, donde funciona el tribunal que lo juzga. Allí se define su futuro próximo o inmediato, en un expediente que lo tiene acusado por presunto narcotráfico, lavado de activos y estafa.
Culpable o inocente
En ese marco, el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, activó la cuenta regresiva. Machado tiene cincuenta días para decidir si se declara culpable y alcanza un acuerdo con la fiscalía o si reafirma su inocencia y enfrenta un juicio oral y público a partir del 2 de marzo. El plazo para cerrar un eventual entendimiento vence el 6 de febrero.
Además de su equipo legal en Estados Unidos, Christopher Clore, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, y Jamie Hoxie Solano, Machado cuenta con un abogado en la Argentina, que es el excandidato a vicegobernador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Oneto, que ya finalizó la defensa en Argentina cuando fue extraditado. Este letrado no cumple su rol de defensor, sino de comunicación entre la defensa de Estados Unidos y este mismo se lo comunica a la familia de Machado que reside en Viedma.
La fijación del cronograma llegó tras una presentación de la defensa que contó con el visto bueno del ministerio Público, una señal temprana del diálogo que se desarrolla por fuera del expediente. En ese escrito, la defensa del estudio que lleva el caso de Machado y la defensa en Argentina, reconoció que se encuentra “en discusiones” con la fiscalía para evaluar si el caso “puede resolverse” sin presentar una gran cantidad de mociones previas ni llegar a un debate oral, una fórmula típica del sistema penal estadounidense cuando se explora la figura del colaborador.
El factor tiempo juega un rol central. En abril de 2026, Machado cumpliría cinco años desde el inicio de su situación de privación de la libertad cuando el juez federal de Neuquen, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por cuatro meses en las oficinas de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA), computando el período de prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, que atravesó en la Argentina antes de ser trasladado a Estados Unidos. Con ese horizonte, su defensa apunta a un acuerdo de siete años de condena, lo que abre una especulación clave en un escenario optimista, por lo que la estadía efectiva de detención en suelo estadounidense no superaría los treinta meses al día de la fecha.
El cálculo no es teórico pero podría suceder que en treinta meses, “Fred” Machado pueda recuperar la libertad, porque en esta misma causa, una de las dos personas ya condenadas por la misma causa logró reducir su pena tras admitir cargos y retirar otros, obteniendo una salida anticipada con arresto domiciliario luego de seis años. Ese antecedente funciona como referencia para la estrategia del argentino, que ahora debe optar entre convertirse en cooperador de la Justicia norteamericana o arriesgarse a una condena mucho más dura dictada por un jurado popular.
Patrimonio bajo custodia
El expediente judicial convive con otros frentes abiertos. En las inmediaciones de un hangar en Dallas, Machado tiene tres aviones antiguos embargados y a la espera de remate. Uno de ellos posee un valor simbólico singular: un Douglas A-4B, modelo similar a los utilizados por la Fuerza Aérea Argentina durante la guerra de Malvinas, en los ataques que dañaron buques de la flota británica. Hoy, esa aeronave integra el patrimonio bajo custodia judicial del empresario detenido.
Machado, por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, continuará dando noticias desde los Estados Unidos luego de conocerse vínculos con algunos sectores de la política nacional ya hace más de tres meses, cuando en su momento hace unos seis años pasó casi inadvertido. Su destino se define en una cárcel de Oklahoma y en un tribunal federal de Texas, pero podría dejar ventanas abiertas cuando el empresario empiece a declarar.
Con el mameluco azul puesto y los plazos ya fijados, el reloj corre. En menos de dos meses, “Fred” Machado deberá tomar la decisión más determinante de su vida: colaborar con la justicia estadounidense y negociar su salida o sostener su inocencia hasta el final y someterse al veredicto de doce ciudadanos. En el sistema penal norteamericano, esa elección puede marcar la diferencia entre volver a casa o pasar muchos años más tras las rejas.
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