La Procuración del Tesoro apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país.
El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenó ejecutar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país, pese a no contar con financiamiento específico aprobado por el Congreso.
La apelación fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación contra la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había declarado inválido un artículo clave del decreto presidencial que suspendió la aplicación de la norma.
La postura del Ejecutivo ante la Justicia
El recurso fue firmado por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Comadira. En el escrito, el Estado sostuvo que el fallo causa un agravio institucional al avanzar sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo y desconocer el marco legal vigente en materia presupuestaria.
El juez concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la sentencia seguirá vigente hasta que la Cámara Federal de San Martín analice el caso. El Estado cuenta con cinco días para ampliar los fundamentos del recurso.
Un debate que también atraviesa al Congreso
La decisión de apelar se produjo en paralelo a un nuevo revés legislativo para el Gobierno. En Diputados, la oposición logró rechazar el artículo del Presupuesto que proponía derogar de forma definitiva la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Desde el Ejecutivo consideran que esa votación refleja una práctica recurrente del Congreso: sancionar leyes con impacto fiscal sin definir las fuentes de financiamiento. Por ese motivo, la Casa Rosada buscará revertir el resultado en el Senado y retomar la discusión presupuestaria en Diputados.
El origen del conflicto judicial
El fallo cuestionado declaró inválido el artículo 2 del decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la ley ante la ausencia de partidas presupuestarias específicas. El Gobierno había fundamentado la medida en la Ley de Ejecución Presupuestaria, que exige que toda norma que autorice gastos prevea su financiamiento.
Tras el rechazo del veto presidencial, el Ejecutivo promulgó la ley, pero decidió suspender su aplicación hasta contar con respaldo presupuestario, en línea con su política de ordenamiento fiscal.
La defensa del equilibrio y la legalidad
Desde el Gobierno sostienen que la sentencia judicial avanza sobre decisiones propias de la administración económica del Estado. Además, remarcan que obligar a ejecutar una ley sin recursos asignados implica desconocer principios básicos de responsabilidad fiscal.
El fallo también cuestionó el argumento presupuestario y sostuvo que el Jefe de Gabinete podría reasignar partidas. Sin embargo, en el Ejecutivo advierten que ese criterio ignora las restricciones reales del presupuesto y abre la puerta a un uso discrecional de fondos públicos.
La discusión de fondo
La apelación busca que la Cámara Federal revise una decisión que, según el Gobierno, sienta un precedente delicado. El Ejecutivo insiste en que la protección de los sectores vulnerables debe darse dentro de un marco legal sostenible y no mediante fallos que condicionen la política fiscal.
Mientras tanto, el debate continúa abierto en el Congreso y en la Justicia, en un escenario donde el Gobierno reafirma su compromiso con el orden institucional, el respeto por la división de poderes y la responsabilidad en el uso de los recursos del Estado.
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