La iniciativa del Gobierno, que incentiva el uso de los “dólares del colchón” obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. La izquierda denunció que se trata de “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico”. Pasa al Senado.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados, en su primera sesión con la nueva composición, aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal” que busca incentivar el uso de dólares no declarados, más conocido como “dólares del colchón”.
La iniciativa obtuvo 130 votos positivos de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que hubo 107 votos negativos y 2 abstenciones.
El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.
Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización
También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
No hubo debate
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante del tema. Sin embargo poco pudo hacer en ese rol, ya que cuando le tocó intervenir ya llevaban más de diez horas de debate y el clima estaba alterado. Había un gran bullicio y buena parte de los diputados estaban de pie, como si estuvieran emprendiendo la retirada.
“Este proyecto establece un cambio de paradigma; implica una concepción distinta de lo que son los ciudadanos en la Argentina. Hace un tiempo atrás, durante el período kirchnerista, se consideraba que los contribuyentes eran sospechosos por defecto”, señaló Rodríguez Machado, más atenta a si el resto de la Cámara se quedaba que a dar su discurso.
Finalmente pidió que se restableciera la calma e invocó a sus pares diciéndoles que había habido mucho consenso con ese proyecto. “De hecho, lo trabajamos con muchos de los diputados que están de pie”, señaló, recordando que algunos meses atrás habían sacado un despacho unánime, que por primera vez en durante este período no había tenido votos en contra. “Y ahora los veo dudando”, reprochó, pidiéndoles ponerse a trabajar nuevamente en el tema.
Su par Silvana Giudici cortó por lo sano pidiendo cerrar el debate y pasar a la votación, alcanzándose el resultado positivo señalado.
A la hora de la votación en particular, el diputado de UP Guillermo Michel pidió una serie de cambios que en líneas generales respetaban el espíritu de la norma, pero pedía modificar la magnitud de las multas y clausuras, fundamentalmente teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y las personas humanas residentes en el país si no calificaban como grandes contribuyentes.
No se aceptaron las modificaciones, pero cuando avanzó la votación en particular desde la izquierda se escucharon fuertes críticas. Incluido el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois. Miriam Bregman dijo que estaban votando “la ley de José Luis Espert” y sostuvo que se trataba de un proyecto “para esconder narcos”.
Cuando Bertie Benegas Lynch intervino para aceptar una modificación, el recinto había vuelto a desbordarse, y el diputado libertario tuvo que insistir varias veces en que se trataba de una sugerencia del diputado Michel la que iban a aceptar, en el artículo 43°, referida a los montos a ajustarse a partir del 1 de enero de 2027.
Romina del Plá sostuvo también que se trataba de “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico (…) Una ley al servicio de los narcos”, en tanto que Grabois intervino a los gritos para afirmar que “esta ley fue presentada por un narcotraficante que le bajamos de las listas… ¡Como se va a tener que ir también esa diputada!”, gritó en referencia a Lorena Villaverde, quien tuvo que renunciar a asumir en el Senado por su supuesta vinculación con hechos de narcotráfico. Y Grabois siguió, siempre a los gritos: “Incluso siendo la mierda que son, tendría que darles vergüenza -lanzó contra el bloque oficialista-. Que la tengan a Villaverde ahí les tendría que dar vergüenza. Que va a terminar presa muy rápido”.
