Los extranjeros tramitaron el DNI argentino de manera irregular para tener planes sociales y beneficios previsionales
La Justicia federal de Salta ordenó la exclusión inmediata del padrón electoral de 2.150 ciudadanos bolivianos, por el hecho de no residir en la provincia y de haber obtenido documentación argentina de manera irregular durante las gestiones kirchneristas.
La decisión apunta a corregir una distorsión extrema detectada en localidades fronterizas con Bolivia, en especial en Aguas Blancas, donde el número de electores habilitados superaba ampliamente al de habitantes reales, una anomalía que encendió alarmas por su vínculo con maniobras de fraude y con el accionar del crimen organizado.
La resolución fue dictada por el juez federal Julio Bavio, quien dispuso que las personas excluidas solo podrán ser reincorporadas al padrón si informan y demuestran fehacientemente cuál es su domicilio real en la provincia de Salta. Esa información, según estableció el magistrado, deberá ser posteriormente verificada por las fuerzas federales, como condición indispensable para recuperar el derecho al voto.
En paralelo, el juez Bavio ordenó dar aviso a distintos organismos del Estado nacional para que adopten medidas preventivas frente a posibles abusos y delitos conexos.
Entre las entidades notificadas se encuentran la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías. La comunicación también alcanzó al actual interventor de la localidad de Aguas Blancas, con el objetivo de coordinar acciones a nivel local.
La exclusión masiva se enmarca en una investigación más amplia que el magistrado viene impulsando desde mediados de año. De hecho, Bavio mantuvo vigente una medida cautelar dictada en junio, mediante la cual ordenó la “suspensión provisional y cautelar de la carga, procesamiento e incorporación en el padrón electoral” de todas las “novedades registrales” en Aguas Blancas y en otras dos localidades salteñas ubicadas sobre la frontera con Bolivia.
La decisión judicial se apoyó en los resultados de un informe que reveló cifras difíciles de justificar. Aguas Blancas, que según el censo de 2022 contaba con 3.648 habitantes, acumulaba 5.736 supuestos electores habilitados para votar en abril de 2025. Esto implica un 57,2% más de votantes que de residentes, una paradoja que puso en evidencia la magnitud del problema y el riesgo que representa para la transparencia del sistema electoral.
Bolivianos con DNI argentino
Los investigadores sostienen como principal hipótesis que los ahora excluidos del padrón serían ciudadanos bolivianos que residen en su país de origen, pero que habrían tramitado el Documento Nacional de Identidad argentino para acceder a planes sociales y beneficios previsionales. Como consecuencia de ese trámite, quedaron empadronados y habilitados para votar, pese a no vivir efectivamente en territorio argentino.
En este sentido, numerosos empadronados declararon domicilios falsos o inexistentes, calles sin numeración, terrenos baldíos, depósitos, locales comerciales o espacios públicos para simular residencia en la Argentina.
El nivel de irregularidades detectadas quedó reflejado en ejemplos concretos que constan en el expediente judicial. En la calle 20 de Febrero, una arteria de apenas 619 metros de extensión, figuraban registrados 793 votantes, una cifra superior a la cantidad de viviendas existentes. Situaciones similares se repitieron en las otras tres calles principales de la localidad y en varias intersecciones, lo que refuerza las sospechas sobre inscripciones ficticias o domicilios inexistentes.
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