El Ejecutivo envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares para ordenar el marco ambiental, reforzar el rol de las provincias y destrabar inversiones productivas.
El Gobierno nacional dio este lunes un paso decisivo en su estrategia de ordenamiento institucional y recuperación del desarrollo productivo al enviar al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N.º 26.639. La presentación fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, en el que el Poder Ejecutivo sostiene que la norma vigente, sancionada en 2010, presenta “graves falencias interpretativas” que derivaron en inseguridad jurídica, parálisis de inversiones y un avasallamiento de las competencias provinciales.
Según el texto oficial fechado el 15 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto impulsado por el presidente Javier G. Milei busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. En esa línea, el Ejecutivo cuestiona que, durante más de 15 años, la “mal llamada Ley de Glaciares” haya sido utilizada como una herramienta discrecional que, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
El comunicado remarca que la reforma propone reglas claras y previsibles: protege exclusivamente a los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad normativa que afectó tanto a la inversión privada como al legítimo ejercicio de los derechos provinciales sobre los recursos naturales. Para el Gobierno, no se trata de debilitar la protección ambiental, sino de compatibilizarla con el desarrollo humano y productivo, tal como lo exige la Constitución.
En respaldo jurídico, el proyecto reafirma dos pilares constitucionales. Por un lado, el artículo 41, que establece la obligación de proteger el ambiente “sin impedir el desarrollo humano”. Por otro, el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En función de ello, la iniciativa fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de contar con información “precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”.
Desde el oficialismo definen la propuesta como una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, alineada con el rumbo trazado por la administración libertaria desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina. Además, el proyecto da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y responde a un reclamo concreto de las provincias que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, que vienen advirtiendo sobre los efectos negativos de la actual legislación en el desarrollo minero.
El debate sobre la Ley 26.639 no es nuevo. El Gobierno cuestiona especialmente la amplitud y ambigüedad del concepto de “ambiente periglacial”, que ha sido objeto de disputas judiciales desde la sanción de la norma y que, en la práctica, terminó bloqueando proyectos productivos aun en zonas sin presencia efectiva de glaciares. El artículo 6 de la ley vigente prohíbe la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, así como otras actividades que puedan alterar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, incluyendo el manejo de sustancias tóxicas.
En declaraciones recientes, el propio Milei había anticipado que la modificación que el Ejecutivo evaluaba enviar al Congreso apuntaba a una definición más precisa de las zonas glaciares y periglaciares, con participación directa de las provincias. En ese contexto, el Presidente reconoció que la iniciativa surgió a partir de un planteo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y fue conversada con los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego; Catamarca, Raúl Jalil; y Jujuy, Carlos Sadir.
El sector privado acompaña la reforma. Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), su presidente Roberto Cacciola afirmó que una flexibilización de la ley permitiría destrabar proyectos de gran escala. “El 75% de la superficie de los proyectos de cobre que fueron anunciados necesitan una aclaratoria de la ley porque están en zonas consideradas como periglaciares; la mayoría ya inició la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, explicó. Según coinciden empresas del sector, estas iniciativas podrían movilizar inversiones por US$35.000 millones.
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