El acuerdo con Kicillof coincide con allanamientos por presunto lavado y testaferros.
Mientras la Justicia federal profundiza investigaciones por presunto lavado de activos y testaferros vinculados al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia consolida su poder político en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, la Asociación del Fútbol Argentino tomó formalmente el control del Estadio Único de La Plata tras un acuerdo con el gobernador Axel Kicillof.
La AFA exigió que desde el 27 de diciembre no permanezca personal de la Provincia en el estadio y reclamó la disolución de la Fundación Estadio Único, integrada por Estudiantes y Gimnasia. La entidad se financiaba con un porcentaje del bingo de La Plata, cumplía funciones de contralor y destinaba recursos a obras. A partir de ahora, toda la administración quedará bajo control exclusivo de la AFA y su dirigencia investigada por corrupción.
El convenio establece que la Provincia de Buenos Aires percibirá un canon anual de $1.000 millones y el 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos. No obstante, el acuerdo prevé que esos montos puedan ser “compensados” mediante obras de infraestructura incluidas en el masterplan presentado por Tapia, lo que en la práctica reemplazaría su pago.
Este avance institucional coincidió, en tiempo y forma, con un nuevo episodio judicial que vuelve a poner a Tapia en el centro de la escena. Este viernes, el juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar y tasar una mansión de alto valor ubicada en Villa Rosa, Pilar, denunciada como presunta propiedad de testaferros del titular de la AFA y su tesoro Pablo Toviggino. El operativo incluyó el relevamiento integral del predio, la filmación completa del lugar y la tasación de más de 50 vehículos y otros bienes suntuarios hallados en la finca.
En el procedimiento trabajan seis peritos y el lugar permanece custodiado por la Policía Federal. Un informe incorporado al expediente indica que la sociedad investigada tendría 50 vehículos de alta gama a su nombre.
La propiedad figura a nombre de “Real Central SRL”, vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ambos investigados como supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada. La causa también analiza una cadena de transferencias previas del inmueble, lo que llevó a Rafecas a levantar el secreto fiscal de una de las firmas intervinientes.
La denuncia presentada por la Coalición Cívica describe un predio con helipuerto, pista para equinos, haras con caballos de carrera y múltiples instalaciones deportivas. A esto se suman otros allanamientos en barrios privados de Pilar, secuestro de documentación y medidas cautelares como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los investigados.
Así, mientras Tapia avanza sobre activos estratégicos del Estado provincial con aval político del gobernador Kicillof, la Justicia avanza en paralelo sobre el entramado patrimonial que rodea al mandamás del fútbol argentino. Dos tableros distintos, un mismo protagonista y una pregunta que empieza a ganar volumen: cuánto poder podrá concentrar sin rendir cuenta
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