La conducción de la AFA sufre una gravísima denuncia penal. La presunta retención ilegal de impuestos por más de $7.600 millones vuelve a poner en cuestión el poder de Tapia.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue denunciada penalmente por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal que asciende a $7.593.903.512,23. La presentación judicial apunta de lleno contra la cúpula de la entidad y tiene como principal responsable señalado a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
La denuncia fue impulsada por la DGI, encabezada por Andrés Vázquez, y abarca un período que va desde agosto del año pasado hasta la fecha. Según el escrito, la AFA habría retenido impuestos y contribuciones previsionales sin efectuar su correspondiente depósito en tiempo y forma, incurriendo en delitos tipificados en los artículos 4° y 7°, segundo párrafo, del Régimen Penal Tributario (ley 27.430).
El documento fue firmado por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, y patrocinado por los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal. Allí se detalla que la AFA, en su carácter de agente de retención, omitió ingresar al fisco los montos retenidos, superando ampliamente el umbral de $100.000 mensuales que exige la normativa para configurar el delito penal tributario.
De acuerdo con la denuncia, al 10 de diciembre de 2025 las retenciones impositivas continuaban impagas, mientras que las correspondientes a la seguridad social fueron ingresadas recién en esa fecha, fuera del plazo legal. La información aportada por la División Recaudación Grandes Contribuyentes precisa que las retenciones impositivas no ingresadas en término alcanzan los $916.005.301,41, correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias Artículo 79, por los meses de agosto y septiembre de 2025.
En paralelo, las retenciones vinculadas a las contribuciones de la seguridad social, practicadas pero depositadas tardíamente, suman $6.677.898.210,82, correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. De este modo, la pretensión punitiva del Estado totaliza los $7.593.903.512,23, según pudieron confirmar los medios.
La denuncia aclara que la AFA es una asociación civil inscripta bajo la actividad “Servicios de asociaciones NCP” y que no registra antecedentes penales previos en los sistemas de la DGI. Sin embargo, identifica como responsable principal a Claudio Tapia, en su condición de presidente de la entidad, agente de retención y administrador de la clave fiscal, lo que compromete directamente a la conducción actual.
En el análisis jurídico, ARCA sostiene que la conducta encuadra en la figura de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, al verificarse la retención efectiva de los fondos, la capacidad de la entidad para efectuar el depósito y la omisión deliberada dentro del plazo legal. En ese marco, se cita el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que define este delito como de omisión instantánea, consumado en el momento mismo en que debía realizarse el depósito.
El escrito es contundente al remarcar que los fondos retenidos “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente”, y que su retención indebida implica un financiamiento ilegal a costa del Estado. También se sostiene que el dolo está presente, ya que la AFA conocía plenamente su obligación legal.
Finalmente, la denuncia advierte que estas maniobras ponen en riesgo la actividad financiera del Estado, dado que el gasto público depende de la recaudación tributaria. En un contexto de ajuste, austeridad y fin de la impunidad promovido por el gobierno de Javier Milei, el poder casi feudal de la AFA y de su presidente comienza a ser desafiado por la ley
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