El sistema laboral argentino beneficia a intermediarios, castiga al trabajador y bloquea la creación de empleo formal.
La situación del mercado laboral argentino quedó expuesta con crudeza en el informe del Consejo de Mayo: el empleo privado formal no crece hace 13 años y la informalidad alcanza a más de la mitad de los trabajadores. En el documento se identifican tres fallas estructurales que explican este deterioro: una sobrecarga de costos y “peajes” que encarecen la relación laboral, altos costos de entrada y salida que vuelven riesgosa cualquier contratación, y una rigidez normativa basada en anticuados convenios de 1975 que obstaculizan la adaptación productiva.
Estas tres distorsiones conforman un marco laboral que desalienta la inversión, expulsa al trabajador del empleo formal y frena el desarrollo económico. La estructura vigente beneficia a intermediarios y burocracias, mientras hunde a quienes producen y trabajan: La necesidad de modernizar la legislación laboral trasciende al debate ideológico y los diagnosticos convergen en ella como una condición necesaria para recuperar empleo, productividad y crecimiento.
Carga tributaria y “peajes” varios
El informe evidencia que el costo laboral argentino está inflado por una combinación de tributos estatales y “peajes” privados: el salario alcanza para darle a todos, excepto al que le corresponde. De cada 100 pesos que paga un empleador, el trabajador recibe apenas 60; el resto se lo reparten el Estado, los sindicatos, las obras sociales y otros mecanismos que convierten al salario en una fuente de financiamiento para múltiples actores.
Esta sobrecarga explica buena parte del estancamiento del empleo formal: para una pyme, contratar implica asumir un costo total que excede ampliamente su capacidad real. Cualquier modernización laboral seria requiere reducir estos costos para que contratar vuelva a ser viable y para que el salario sea, finalmente, del trabajador y no una bolsa de la que muchos toman una parte.
Importantes costos de entrada y salida
Incluso cuando un empleador está dispuesto a afrontar la carga económica, la decisión de contratar queda condicionada por la incertidumbre jurídica. Indemnizaciones elevadas, multas acumulables, interpretaciones ambiguas de normas obsoletas y un nivel de litigiosidad creciente transforman cualquier vínculo laboral en un riesgo.
El Consejo de Mayo señala que una sola sentencia adversa puede quebrar a una empresa, especialmente a las pequeñas y medianas. En este contexto, es lógico que las empresas elijan no contratar: tercerizan, automatizan o directamente frenan su crecimiento. Así se explica la parálisis del empleo privado durante más de una década. Una reforma debe otorgar certidumbre y eliminar las zonas grises que hoy perjudican tanto a empleadores como a trabajadores.
Rigidez en las negociaciones
Mientras el mundo adapta sus regulaciones al trabajo moderno, la Argentina sigue regida por convenios firmados hace casi cincuenta años. Estas normas reflejan una economía industrial del siglo XX y no contemplan nuevas formas de producción, tecnología o modalidades laborales.
La ultractividad —el mecanismo que permite mantener vigentes convenios vencidos indefinidamente— bloquea cualquier actualización. Esta rigidez no solo impide aumentar la productividad, sino que también perjudica especialmente a las provincias más pobres. El informe muestra que la negociación salarial nacional impone salarios homogéneos en regiones con productividades muy distintas, destruyendo empleo en el NOA, el NEA y Cuyo: Según las estimaciones oficiales, permitir negociaciones regionales podría aumentar el empleo entre 9 y 20 puntos.
Una reforma laboral moderna
Las tres fallas estructurales descritas —sobrecostos, riesgo jurídico y rigidez normativa— producen el mismo resultado: un mercado laboral que no crece y que expulsa a millones de trabajadores hacia la informalidad. Por eso, el informe es claro al afirmar que la modernización laboral no es un fin ideológico, sino una condición necesaria para que la Argentina vuelva a generar empleo.
El consenso del Consejo de Mayo fue amplio. Solo la CGT se opuso a cualquier reforma, defendiendo un esquema que ya no protege a los trabajadores, sino las rentas acumuladas alrededor del sistema. Todos los demás consejeros, incluidos gobernadores del Pacto de Mayo, coincidieron en que actualizar la legislación laboral es imprescindible para darle al país una estructura que fomente el empleo registrado, permita negociar según realidades regionales y devuelva previsibilidad a quienes produce
La Argentina necesita dejar atrás un modelo que quedó detenido en 1975. Modernizar la legislación no significa precarizar: significa generar oportunidades reales, elevar salarios de bolsillo y dejar al mercado laboral funcionar. Después de trece años de estancamiento y una informalidad que supera la mitad de la fuerza laboral, no hay margen para seguir postergando lo evidente: sin una reforma laboral profunda, el país no puede crecer.
Derechadiario.com
