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Leernos tiene sus privilegios

Impulsan ley de inviolabilidad de la propiedad privada y derogar norma de Máximo Kirchner sobre tierras

La iniciativa enviada al Congreso refuerza garantías sobre el derecho de propiedad, agiliza desalojos y limita expropiaciones. Además, elimina artículos clave de la ley de tierras rurales sancionada en 2011, que restringía la compra por extranjero

El Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las propuestas surgidas del Consejo de Mayo. La iniciativa busca consolidar el derecho constitucional de propiedad, establecer reglas claras para expropiaciones y desalojos, y modificar regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares.

Entre los puntos centrales, la ley redefine el cálculo de indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporánea anormal no podrá superar los 60 días.

En materia de desalojos, el proyecto incorpora procedimientos más ágiles: el juez deberá ordenar la entrega inmediata del inmueble en casos de intrusión o falta de pago, previa presentación del título de propiedad y caución juratoria. También se habilita el uso de la fuerza pública y allanamientos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Otro aspecto relevante es la derogación de artículos de la Ley 26.737, impulsada en su momento por Máximo Kirchner, que fijaba límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. El nuevo texto mantiene restricciones para Estados y empresas estatales extranjeras, pero flexibiliza condiciones para inversiones privadas.

La norma también restituye disposiciones sobre el manejo del fuego y modifica el régimen de regularización dominial para barrios populares, estableciendo cuotas que no superen el 20% del ingreso familiar.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca enviar una señal de seguridad jurídica y protección de la propiedad privada, en línea con su agenda de reformas estructurales.

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