El oficialismo busca subir descuentos un 4%. Los gremios paralizaron el centro y perjudicaron a miles de trabajadores.
El polémico proyecto oficialista faculta al Poder Ejecutivo a aplicar un descuento adicional de hasta el 4% a los estatales. Esta iniciativa busca financiar el rojo de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit proyectado para 2026 supera los 820 mil millones de pesos. Además, la normativa establece un tope estricto a los haberes previsionales más altos, fijando un límite de 2.500.000 de pesos.
Los sindicatos estatales reaccionaron con una movilización que colapsó el tránsito en el centro y generó un caos total en la ciudad. Más de 15 organizaciones gremiales marcharon hacia la Legislatura, impidiendo la libre circulación de quienes necesitaban ir a trabajar. La protesta ocasionó graves inconvenientes a miles de ciudadanos que quedaron atrapados en los embotellamientos durante la mañana de hoy.
Las agrupaciones sindicales como el SEP y la UEPC encabezaron el reclamo, rechazando de plano el nuevo ajuste sobre la Caja de Jubilaciones. Los dirigentes sindicales consideran que el artículo 63 del proyecto oficial representa un avance regresivo contra los salarios estatales. La medida podría aplicarse si la provincia declara emergencia, lo que habilitaría al gobierno a descontar más dinero de los contribuyentes.
El impacto fiscal y la parálisis de la ciudad
El déficit del sistema previsional cordobés es un problema estructural que el oficialismo intenta resolver metiendo la mano en los bolsillos. El tope de 2.500.000 de pesos busca contener el gasto, pero el aumento de aportes recae nuevamente sobre los que producen y pagan. Mientras se discuten números millonarios en la Unicameral, la falta de una gestión eficiente sigue castigando a los aportantes de Córdoba.
La jornada de protesta se caracterizó por el desorden en las calles, con columnas de manifestantes que bloquearon los accesos neurálgicos. El tránsito vehicular se vio interrumpido en las arterias más importantes, afectando la actividad comercial y laboral de los particulares. Los vecinos expresaron su malestar por la imposibilidad de circular libremente debido a la intransigencia de los grupos gremiales locales.
Un fuerte operativo policial custodió el edificio de la Legislatura, que permaneció vallado ante la posibilidad de incidentes y desbordes. El derecho a la protesta colisionó una vez más con el derecho a la libre circulación, dejando a la ciudadanía rehén de esta disputa política. El final de la marcha se produjo pasado el mediodía, aunque las demoras y el malhumor social persistieron durante gran parte de la tarde.
Un cierre de año conflictivo en la provincia
El conflicto promete escalar en las próximas semanas si el gobierno provincial insiste con la aprobación definitiva de este ajuste salarial. Los estatales anticiparon que mantendrán el estado de alerta y movilización, amenazando con nuevas medidas que paralicen la administración.
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