Una apelación paraliza la definición sobre el pago ofrecido por Saillén y Catrambone para evitar el juicio.
La defensa de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone volvió a frenar el avance del caso al objetar que el Tribunal Oral Federal N° 1 rechazara el pago ofrecido. Las objeciones surgieron en un momento clave del proceso, ya que el tribunal había respaldado la postura fiscal sobre la falta de claridad en el origen del dinero. La apelación frenó así una definición que podía encaminar el inicio del debate oral sobre los supuestos negocios montados durante la conducción sindical del Surrbac.
La causa investiga presuntas maniobras de asociación ilícita, defraudación y usura que habrían perjudicado a los afiliados del gremio de la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac. La acusación afirma que algunas de esas operaciones derivaron en presunto lavado de activos mediante compras de terrenos e inmuebles con intermediarios y fideicomisos. Los fiscales afirmaron que tales maniobras habrían involucrado a varios allegados, lo que complejizó el expediente y elevó la expectativa por una resolución judicial definitiva.
La propuesta de pagar US$751 mil fue presentada en 2024 como un intento de reparar daños y evitar el juicio oral, pero el tribunal entendió que el dinero no ofrecía garantías. El fiscal federal Maximiliano Hairabedian remarcó que la ausencia de trazabilidad impedía convalidar un acuerdo sin conocer el origen de los fondos, lo que derivó en el rechazo formal del planteo. Esa decisión motivó la presentación ante la Cámara de Casación Penal, que ahora deberá determinar si admite o descarta la apelación de los defensores.
Casación podría frenar o habilitar el futuro del juicio
Si Casación acepta el planteo defensivo el proceso no avanzará al juicio oral y el expediente podría cerrarse sin una sentencia que determine responsabilidades. Esto impediría que el Ministerio Público Fiscal acceda a nuevos elementos para profundizar en otros aspectos del negocio de la recolección de residuos en Córdoba. Pero si Casación rechaza la apelación, el TOF N° 1 deberá recomponer su integración y fijar fecha de debate para analizar simultáneamente los delitos precedentes y las operaciones de lavado.
Un eventual juicio permitiría reconstruir la influencia que mantiene la familia Saillén, algo que se evidenció en la última elección con la candidatura de Juan Carlos Saillén por el partido FE. Aunque su desempeño electoral general no fue relevante, obtuvo un resultado significativo en algunos sectores de la ciudad, lo que reavivó el interés político por la evolución de la causa. La eventual apertura del proceso oral podría aportar información sobre ese entramado y aclarar responsabilidades en un conflicto que lleva años acumulando documentación y testimonios.
En el listado de imputados figuran, además de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, Juan Saillén, Franco Saillén, Agustín Catrambone, Cecilia Oviedo, Gisel Monjes. Tambíen están implicados Héctor Blanes, Juan Carlos Delgado, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Salome Alfazak y Daniel Ayerbe, como presuntos partícipes o testaferros en distintas etapas.
La acusación plantea que cada uno habría intervenido de manera coordinada para ejecutar las operaciones detectadas por los fiscales Senestrari y Hairabedian, quienes insisten en avanzar hacia la instancia oral. De confirmarse esa vía, el tribunal deberá organizar un juicio que podría revelar la estructura completa de los negociados atribuidos al núcleo de dirigentes y allegados del Surrbac.
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