El gremio denunció que las plataformas no se registraron como exige la ordenanza y reclamó controles municipales más estrictos.
El Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba pidió al municipio que impulse ante la Justicia el bloqueo de Uber y DiDi. Consideran que operan sin cumplir la normativa vigente. La presentación se realizó cuatro meses después de que entrara en vigencia la Ordenanza 13.549, que obliga a las plataformas a inscribirse en un registro específico para prestar el servicio.
El secretario general del sindicato, Miguel Arias, afirmó que el objetivo es “proteger la actividad y la vida de los ciudadanos” frente a incidentes de conductores no habilitados. El dirigente sostuvo que, pese a los plazos otorgados y a la reglamentación vigente desde hace un mes, las plataformas “no se presentaron ni muestran intención de hacerlo”. El gremio aseguró que la falta de inscripción representa un riesgo operativo y genera incertidumbre en los usuarios y en los trabajadores del sector.Arias planteó que la continuidad de las aplicaciones en esas condiciones constituye “competencia desleal”. Esto debido a que, según él, trabajan sin aportes, sin documentación exigida y sin los controles que rigen para los taxis habilitados. Sin embargo, todas las aplicaciones exigen obligatoriamente toda la documentación antes mencionada para empezar a circular.
Controles que miraban siempre para el mismo lado
El sindicato insiste en que faltan controles, aunque los choferes de aplicaciones recuerdan años de operativos destinados casi exclusivamente a perseguirlos. Mientras se prometían nuevas herramientas de fiscalización, en la calle sobraban retenes selectivos. Lo que no aparecía, dicen, era un criterio claro y equilibrado.
Según los conductores de Uber, DiDi y Cabify, la supuesta “ausencia de inspecciones” es difícil de sostener cuando ellos eran detenidos a diario para verificar documentos mínimos. Los trabajadores habilitados del sistema tradicional seguían su rutina sin mayores trabas. En cambio, los choferes de apps enfrentaban multas, demoras y una presión constante.
Arias habla de falta de respuesta estatal, pero para los conductores digitales el problema siempre fue el exceso, no la escasez, de controles. La ordenanza fijó reglas que se aplicaron con un rigor particular sobre ellos. Y mientras el sindicato denuncia descontrol, los choferes recuerdan que, para las plataformas, trabajar implicaba superar retenes, trámites y sanciones por detalles irrelevantes.
Pedido de medidas urgentes y cumplimiento de la ordenanza
El sindicato solicitó a la Municipalidad un pedido judicial de bloqueo de Uber y DiDi hasta que regularicen su situación. Para el sindicato, la ordenanza ya cumplió todos sus plazos y ahora corresponde que el municipio garantice el cumplimiento efectivo de la ley. Arias insistió en que no puede permitirse que actores no registrados continúen prestando servicio sin controles mientras el transporte formal afronta mayores exigencias.
El gremio reiteró que el proceso de registro es indispensable para determinar responsabilidades y asegurar condiciones mínimas para los usuarios. La presentación ante el municipio busca que se establezca un orden operativo claro y que se definan mecanismos de supervisión acordes a la normativa. El sindicato advirtió que la falta de acciones concretas podría profundizar las tensiones y dificultar la convivencia entre el servicio formal y las plataformas digitales.
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