Klug presentó una tasa sobre el metano bovino. Carbap la rechazó y habló de un “costo sin sentido”.
La diputada kirchnerista Lucía Klug, vinculada a Juan Grabois, presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa busca gravar las emisiones de metano atribuibles a la producción ganadera y financiar, mediante un fondo fiduciario, programas de gestión de residuos urbanos.
El proyecto sostiene que la medida responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.
También precisa que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.
En la fundamentación, la legisladora explica que la producción ganadera emite metano “principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol”, mientras que los rellenos sanitarios y basurales constituyen otros focos relevantes.
Rechazo inmediato de Carbap
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reaccionó enseguida. En un posteo en X, la entidad escribió: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”
En un comunicado más extenso, Carbap afirmó su “absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.
La entidad advirtió que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país” y que “sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”.
Además, expresó que “defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.
Acusación de “impuesto encubierto”
Desde Carbap señalaron a Infobae que jamás fueron consultados durante la elaboración del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, declaró que “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural”.
A eso sumó que “la TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.
En otro mensaje, sostuvo que el proyecto “no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sin saber”.
Carbap recordó además su advertencia sobre el gasto estatal: “La discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”.
A esto sumó que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.
La discusión sobre la TAMBA vuelve a exponer la tensión entre un Estado que intenta crear nuevas cargas impositivas y un sector productivo que reclama previsibilidad, competitividad y reglas claras.
Mientras el oficialismo provincial defiende la iniciativa como una herramienta ambiental, las entidades rurales advierten que sumar tributos sin un sustento técnico real solo profundiza la crisis en la actividad y aleja inversiones.
Derechadiario.com
