El exfuncionario peronista busca cerrar la causa con un pago compensatorio y pericias psicológicas.
El dirigente peronista Guillermo Kraisman volvió a la escena judicial al ofrecer una compensación económica para evitar un nuevo juicio. Propuso pagar $32.000 —el doble del valor de lo robado— por haber sustraído fiambres de un supermercado en 2024. También pidió que se le realicen pericias psicológicas para evaluar su estado emocional.
El exfuncionario fue detenido el año pasado tras intentar salir sin pagar de un local de Mariano Max, en barrio Ampliación San Fernando. Entre los productos hallados se encontraban un blíster de bondiola, uno de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Al ser interceptado, reaccionó con violencia contra los agentes policiales.
La defensa sostiene que el hecho ocurrió en un contexto de “desestabilización emocional” tras los procesos judiciales previos. Con este acuerdo, busca que la Justicia acepte la reparación integral y evite un nuevo juicio oral.
De la Legislatura al escándalo del supermercado
Kraisman, de 61 años, ya cuenta con un historial judicial complejo que lo tuvo meses detenido en la cárcel de Bouwer. Fue acusado de intentar cobrar dinero con un DNI falso vinculado al caso de la “empleada fantasma” de la Legislatura cordobesa. Recuperó su libertad en octubre tras pagar una fianza de $20 millones y entregar un vehículo.
Ese expediente aún sigue bajo investigación, y se convirtió en uno de los episodios más resonantes de corrupción política reciente. Según la fiscalía, el exfuncionario buscaba apropiarse de fondos públicos mediante maniobras fraudulentas. El caso expuso la falta de controles en la estructura legislativa provincial.
Pese a su liberación, Kraisman no logró reinsertarse en la actividad política. Este nuevo proceso lo vuelve a colocar en el foco de la polémica, mientras intenta cerrar el expediente con un acuerdo económico y diagnóstico psicológico.
La Justicia decidirá si acepta el acuerdo
El fiscal a cargo deberá determinar en los próximos días si el ofrecimiento cumple con los requisitos legales para evitar el juicio. En caso de rechazo, el exfuncionario podría enfrentar una nueva condena por hurto y resistencia a la autoridad.
La causa, aunque de menor gravedad económica, vuelve a poner en debate la responsabilidad de quienes ocuparon cargos públicos. Para la fiscalía, el hecho no puede desligarse del historial del imputado y de su conducta previa frente a la ley.
La sociedad cordobesa observa con atención este nuevo capítulo judicial. En un contexto de creciente demanda por transparencia, el desenlace del caso Kraisman servirá como test de credibilidad para la Justicia provincial.
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