El proceso investiga desvíos millonarios ocurridos entre 2012 y 2018 durante la conducción sindical de Molina Herrera y Suárez.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba inició el proceso por el antiguo caso de fraude en el sindicato de Luz y Fuerza. Los exsecretarios generales Jorge Molina Herrera y Gabriel Suárez están acusados de haber desviado millones del gremio hacia cuentas personales. La causa investiga maniobras financieras irregulares realizadas entre 2012 y 2018.
De acuerdo con la Procelac y la Unidad de Información Financiera, los dirigentes utilizaron cheques a nombre de terceros sin actividad comercial. Los fondos eran cobrados y luego reintegrados a circuitos privados vinculados a la cúpula gremial. Las operaciones dejaron un daño patrimonial grave para los afiliados y el fondo común.
El tribunal está integrado por los jueces José Asís, Noel Costa y Carolina Prado, mientras que el fiscal general Carlos Casas Nóblega lleva la acusación. En total son nueve los imputados, incluyendo familiares y allegados a los exdirigentes. Las audiencias continuarán el 4, 10 y 13 de noviembre.
Desvíos de dinero y lavado de activos
Según los peritajes contables, Molina Herrera habría lavado más de $13,5 millones mediante compras de fichas en casinos, superando sus ingresos declarados. Suárez fue señalado por adquirir propiedades a través de fideicomisos y sociedades intermediarias, sin justificación económica clara. Ambos habrían actuado con complicidad de personal administrativo del gremio.
La fiscalía sostiene que el fraude no fue aislado, sino parte de un esquema sostenido por años. Los desvíos afectaron el funcionamiento del Fondo Compensador, que debía garantizar beneficios a jubilados de Epec y trabajadores afiliados. En 2018, los pagos del fondo fueron suspendidos por falta de recursos.
La defensa de los acusados negó los cargos y cuestionó los peritajes de la UIF, aunque los jueces consideraron que las pruebas reunidas ameritan la continuidad del juicio. El proceso podría extenderse hasta comienzos de 2026, según fuentes judiciales.
Un precedente para la transparencia gremial
El Ministerio Público Fiscal considera que este juicio marca un punto de inflexión en la rendición de cuentas del sindicalismo. La causa, iniciada hace más de seis años, es vista como un ejemplo de cómo los fondos de los trabajadores fueron utilizados sin control.
Desde sectores judiciales, el caso se interpreta como un mensaje hacia otras estructuras sindicales con manejo discrecional de recursos. La reactivación del proceso busca restablecer la confianza en las instituciones y garantizar que el dinero gremial no se convierta en un botín político.
Córdoba se convierte así en escenario de una causa que trasciende lo local, al poner bajo examen el uso de fondos públicos y privados por parte de organizaciones que durante décadas operaron con impunidad.
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