Estas prácticas se realizaron durante las elecciones de 2023 y continúan de cara a los comicios de este año.
El llamado Movimiento Peronista Paraguayo, una agrupación con vínculos políticos con el intendente ultra kirchnerista de La Matanza, Fernando Espinoza, y con la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, está siendo objeto de duras criticas por sus maniobras de empadronamiento irregular y ocupaciones ilegales de terrenos en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires.
Según testimonios y documentos difundidos en los últimos meses, la organización, formalmente conocida como Agrupación Peronista Paraguaya de La Matanza (PAPPEM), ofrecía, durante las elecciones presidenciales de 2023, DNIs argentinos y asistencia para empadronar a ciudadanos paraguayos residentes en el país con el fin de legalizarlos e incorporarlos al padrón electoral, con el objetivo de sumar votos para el kirchnerismo.
En folletos distribuidos en barrios de González Catán, Isidro Casanova y Rafael Castillo se leía: “Si sos paraguayo y nunca votaste, traé tu fotocopia de DNI y te empadronamos”. Vecinos y dirigentes locales aseguran que esas prácticas continúan de cara a las elecciones de 2025, ahora bajo la consigna de apoyar a la fuerza política Fuerza Patria. A esto se le suma la entrega de planes sociales por motivos políticos y electorales.
Las denuncias más graves apuntan a que, junto a ese proceso de empadronamiento, la agrupación impulsó la ocupación ilegal de predios en la zona de la Ruta 1001, en Rafael Castillo. “Los convocaban a empadronarse y a votar con la promesa de tierras; los llevaban a invadir terrenos y luego los ayudaban a volver cuando la Justicia ordenaba el desalojo”, relató un vecino que pidió reserva de su identidad tras recibir amenazas. Fuentes judiciales que investigan los hechos confirmaron que muchos de los primeros ocupantes eran de nacionalidad paraguaya.
La PAPPEM se presenta públicamente como un espacio de integración y representación de la comunidad paraguaya en el peronismo local, aunque su estructura y vínculos con funcionarios de La Matanza generan preocupación.
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