El Gobierno firmó los decretos que formalizan la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso defina cómo se financiarán. La decisión, tomada un día después de reunirse con la oposición para hablar del Presupuesto 2026, reaviva tensiones con el Parlamento.
En una decisión que generará previsibles repercusiones negativas en su relación con la oposición con la que se reunió este lunes para dialogar sobre el debate del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero de manera parcial. Esto es, suspendiendo su aplicación hasta que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento de esas leyes.
Exactamente lo que desde la oposición le habían pedido el día anterior que no hiciera con esas dos leyes que esperó hasta el final para proceder del mismo modo como había hecho en su momento con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Si bien en ambos textos comunicó su promulgó, tal cual lo había hecho con la otra ley postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
En ambos casos invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el decreto 759/25 aclara que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.
El decreto repasa los principales puntos de la ley, que dispone:
- ● Garantizar el financiamiento de las universidades públicas.
- ● Actualizar los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- ● Recomponer los salarios docentes y no docentes al nivel de la inflación, incorporando sumas no remunerativas a los básicos y estableciendo paritarias obligatorias.
- ● Reajustar becas estudiantiles (como Progresar y Manuel Belgrano) y regularizar ingresos científicos.
- ● Asegurar la infraestructura, tecnología y extensión universitaria.
El Ejecutivo estima que el costo total de la ley superaría 1 billón de pesos en 2025 y 2 billones en 2026, advirtiendo que el Congreso no especificó cómo se financiarán esos gastos, en violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y del artículo 5° de la Ley 24.629, que suspende la ejecución de toda norma que disponga erogaciones sin prever recursos.
Por ese motivo, el decreto dispone que la Ley 27.795 queda promulgada pero sin ejecución inmediata, hasta que el Parlamento incorpore los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.
En el caso de la Emergencia en Pediatría, el decreto 760/25 señala también que la Ley 27.796, que declara por un año la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales, queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias al Presupuesto Nacional, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 24.629.
La Ley 27.796 dispone:
- ● La prioridad presupuestaria inmediata para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial de hospitales pediátricos.
- ● La recomposición salarial inmediata del personal de salud (asistencial y no asistencial), incluidos los residentes, con valores reales no inferiores a los de noviembre de 2023.
- ● La exención del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras del personal de salud.
- ● La designación del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en alta complejidad.
- ● La creación de una comisión de seguimiento con el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.
El Ejecutivo justificó la suspensión de su ejecución señalando que la norma no prevé fuentes concretas de financiamiento y que su aplicación implicaría desfinanciar programas esenciales, como los de VIH-Sida, tratamientos de alto costo y subsidios para medicamentos de pacientes sin cobertura. Según el decreto, el costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, mientras que el Ministerio de Salud ya presenta un déficit de $102.400 millones.
En los fundamentos, el Gobierno advierte que el Congreso aprobó la ley “bajo la apariencia de defender una causa noble”, pero sin respaldo presupuestario, lo que —según el texto— pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.
Finalmente, el decreto promulga la ley formalmente, pero suspende su aplicación efectiva hasta que el Parlamento asigne los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.
