En al aire de Radio Mitre, Eduardo Feinmann y Gabriel Iezzi se refirieron al caso $LIBRA y que afecta al presidente Javier Milei.
Una resolución judicial en Nueva York abrió un nuevo frente de sospechas sobre el presidente Javier Milei y la causa $LIBRA: La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Manhattan, rechazó el pedido de embargo solicitado por cuatro fondos de inversión internacionales contra el Estado argentino.
En el aire de Radio Mitre, Eduardo Feinmann y Gabriel Iezzi analizaron una nota periodística Hugo Alconada Mon en La Nación, en la que explica que el fallo refiere a los fondos generados por la criptomoneda $LIBRA podrían pertenecer, no a la República Argentina, sino al propio presidente, su hermana Karina y el empresario norteamericano Hayden Davis.
“Esto ya lo dijimos, es más complicada la causa en Estados Unidos que aquí, en la República Argentina”, planteó Eduardo Feinmann en “Alguien tiene que Decirlo”.
Qué dice el fallo sobre el caso $LIBRA
Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited pretendían obtener pruebas en Estados Unidos para vincular al Gobierno de Javier Milei con los activos digitales derivados de $LIBRA.
Sin embargo, la jueza estadounisense consideró que el material presentado era insuficiente para acreditar esa relación.
Según la magistrada, las pruebas “podrían sugerir” que los verdaderos beneficiarios del negocio serían Javier Milei, su hermana o Davis, quien habría retenido parte de las ganancias con el supuesto propósito de reinvertirlas en la economía argentina.
En un documento de 33 páginas, Jennifer Rochon analizó las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien había insinuado que el Estado podría reclamar el decomiso de esos fondos si se demostraba un origen ilícito.
De todos modos, sostuvo que no existen elementos que permitan afirmar que la República Argentina sea la titular actual de los activos.
Por otro lado, la magistrada calificó el accionar de los fondos como una “expedición de pesca” judicial, por la amplitud y falta de precisión en los requerimientos.
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