El ministro de Salud avanza en un acuerdo.
El Gobierno nacional abrió conversaciones con los gremios para saldar parte de los reintegros exigidos por las obras sociales sindicales, y propuso un pago de 60.000 millones de pesos distribuidos en tres cuotas antes de fin de año. Este monto se destinaría a tratar los gastos que las obras sociales presentan por tratamientos y medicamentos que actualmente están subsidiados por el Estado.
El ministro de Salud, Mario Lugones, fue el principal interlocutor del Ejecutivo en estas negociaciones con la CGT. Según la propuesta oficial, el cronograma de pagos abarcaría este mes, noviembre y diciembre, siempre que las prestadoras hayan presentado sus expedientes en regla.
Aunque el Gobierno presenta la medida como un alivio para el sistema de salud sindical, desde los gremios se relativiza su alcance. Por ejemplo, en el caso de la Obra Social de Empleados de Comercio, que tiene un adeudo estimado de 9.000 millones, se contempla que solo recibiría 5.000 millones en los tramos pactados. Desde algunos sectores gremiales sostienen que más qu
El origen de los fondos que se utilizarían para esta operación se atribuye al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Ese fondo —alimentado por retenciones obligatorias sobre los salarios de los trabajadores registrados— fue parcialmente destinado, durante el gobierno previo, a una cuenta del Banco Nación que quedó inactiva y acumuló intereses. De allí provendrían los recursos para hacer frente a estos reintegros.
En cuanto al organismo encargado de ejecutar el plan, la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que depende del Ministerio de Salud, tendría el control exclusivo del uso de esos 60.000 millones. Recientemente el Gobierno designó al médico Claudio Adrián Stivelman al frente de la SSS, en reemplazo de Gabriel Oriolo, con mandato de supervisar estas operaciones y responder ante los desafíos financieros que atraviesan muchas obras sociales sindicales.
La medida se inscribe en un panorama político tenso, en vísperas del tramo final del año electoral. El Ejecutivo busca disminuir la conflictividad social en los meses que quedan y evitar que la deuda con las obras sociales siga escalando, mientras que los gremios evalúan si la oferta es suficiente ante las demandas acumuladas por años.
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