El fundador de la RAM reclama trato especial y se presenta como víctima de la Justicia argentina.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, inició una huelga de hambre líquida desde la cárcel federal de Rawson, donde cumple prisión preventiva. Difundió un documento con el objetivo de obtener un trato especial por fuera de la ley, en el cual combina exigencias políticas, judiciales y territoriales.
Entre sus pedidos se encuentran su traslado a Esquel para estar más cerca de su “familia”, el fin de la supuesta “persecución política” contra los pueblos originarios, el desprocesamiento de comuneros imputados en causas de usurpación y ataques a la propiedad privada, y la “devolución de tierras ancestrales”. También solicita la intervención de organismos internacionales y que el Estado reconozca el llamado “conflicto mapuche” como un problema político y no penal.
La medida comenzó el viernes pasado y su entorno asegura que ya muestra signos de deterioro físico. No es la primera vez que el imputado recurre a este tipo de tácticas: en 2023 realizó otra huelga de hambre, poco antes de ser extraditado a Chile, donde cumplió condena por incendio intencional y tenencia ilegal de armas. En cada caso, intenta victimizarse y presentar su situación como una lucha “humanitaria”, pese a su extenso historial de delitos comunes y su papel central dentro de una organización criminal.
La Resistencia Ancestral Mapuche fue señalada durante años por usurpaciones, sabotajes, incendios y amenazas en distintas zonas de la Patagonia. Bajo un discurso de “reivindicación ancestral”, el grupo atacó propiedades privadas, destruyó maquinaria rural, cortó rutas y amedrentó a productores locales.
Su accionar se intensificó durante los gobiernos kirchneristas, cuando distintos funcionarios intentaron negociar con referentes mapuches radicalizados y firmaron acuerdos que prometían tierras, viviendas y amnistías. Aquellos pactos fueron luego anulados por la Justicia por violar la Constitución Nacional y por representar un grave riesgo para la soberanía argentina.
La nueva huelga de Jones Huala aparenta ser, una vez más, una maniobra para recuperar protagonismo, desafiar al Estado y reinstalar su agenda, presentando a los delincuentes de la RAM como “presos políticos”. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei mantiene una línea de firmeza y respeto al Estado de derecho, sin ceder ante presiones o intentos de chantaje.
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