La Policía Nacional arrestó a un boliviano, un ecuatoriano y un colombiano tras un grave caso de violencia sexual en Madrid.
Tres hombres fueron detenidos el pasado sábado en el distrito madrileño de Usera por la violación de una niña de 8 años en su domicilio, uno de ellos su propio padre. La madre de la menor descubrió la agresión al llegar a su hogar sobre las 7:30 de la mañana y dio aviso inmediato a la Policía Nacional. La mujer se mostró muy alterada y relató a los agentes que temía que no era la primera vez que la niña había sido víctima de abusos.
Según el relato de la menor, los hechos se habían repetido en otras ocasiones, generando alarma sobre la frecuencia y gravedad de la situación. Ante la urgencia del caso, la investigación quedó a cargo de las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), especializadas en violencia contra menores y en protección de víctimas de delitos sexuales.
Los arrestados son un boliviano de 38 años —padre de la niña—, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24, quienes convivían en la misma vivienda. Fuentes policiales indicaron que mientras uno de los hombres perpetraba la agresión, otro vigilaba la llegada de la madre y que en la vivienda se encontraron utensilios para el consumo de sustancias estupefacientes, lo que evidencia un entorno de riesgo total para la menor.
La niña fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica, valoración psicológica y protección. Vecinos del barrio expresaron su preocupación por la seguridad de los menores y coincidieron en la necesidad de controles más estrictos en hogares donde existen antecedentes de abusos y consumo de drogas. Así mismo, apuntaron contra la nefasta gestión del comunista, pro inmigración ilegal, Pedro Sanchez.
Este caso ha reabierto el debate sobre la política de inmigración y la seguridad en Madrid, ya que los medios tradicionales no han destacado la nacionalidad de los agresores ni han abordado los posibles problemas derivados de entornos de riesgo asociados a la convivencia con inmigrantes. Expertos en seguridad infantil señalan que omitir estos datos limita la comprensión del contexto de los delitos y la discusión sobre la prevención de futuros casos.
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