Como el financiamiento sucio abre las puerta del Estado al narcotráfico
El triple narco femicidio ocurrido la semana pasada ha conmovido al país y abrió un debate urgente sobre la penetración del narcotráfico en la Argentina, sus ramificaciones y complicidades políticas, judiciales y policiales.
Las advertencias de Francisco
Hace una década, el Papa Francisco alertó que la Argentina corría riesgo de “mexicanización”. No hablaba de un país en particular, sino de un proceso: la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado y su expansión en las barriadas populares. En 2015 me escribió: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”.
Tras el presunto suicidio del padre Juan Viroche, hallado ahorcado en su parroquia en Tucumán en 2016, reforzó su inquietud: “Cuando las mafias de la droga se sienten en peligro, se desmadran”. En 2019 describió crudamente al narcotráfico como “el mercado más extendido y con más conexiones, mercado de muerte”. Y en 2024, sobre Rosario, fue terminante: “Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad”.
Las advertencias fueron tempranas, pero hoy resuenan con crudeza. El narcotráfico avanza cuando encuentra grietas en la política, y esas grietas se abren sobre todo en la forma en que se financian los partidos y las campañas.
De tránsito a exportador
La Argentina pasó de ser únicamente un territorio de tránsito de drogas hacia Europa y Estados Unidos a convertirse en plataforma exportadora. Con más de 9.000 km de fronteras porosas y puertos estratégicos como Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca, el país ofrece infraestructura y comercio exterior ideales para el contrabando.
Diversos informes internacionales coinciden en este diagnóstico. La UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) , la OEA a través de la CICAD (Comisión Interamericana para el control del abuso de Drogas) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos señalan a la Argentina como uno de los países sudamericanos clave en la reexportación de cocaína hacia Europa. A ello se suma la preocupación por el tráfico de precursores químicos —como la efedrina desviada a cárteles mexicanos, con el triple crimen de General Rodríguez como emblema—, que colocó al país en el radar internacional.
La violencia visible en los barrios es solo la cara superficial de un fenómeno más complejo: detrás de las balaceras y los soldaditos existe un holding criminal que combina narcotráfico, trata de personas y lavado de activos en la economía formal.
Barrios sitiados y mafiosidad estatal
La ausencia de políticas públicas y la precariedad social permitieron que los narcos se instalen como microestados en muchas barriadas populares. Reclutan jóvenes, especialmente mujeres y adolescentes, capturan víctimas de trata y lavan dinero a través de negocios de fachada.
Según la UNODC, el 78% de los casos de trata a nivel mundial se desarrolla en contextos vinculados al narcotráfico. Esa estadística global ayuda a comprender la magnitud del problema: trata y drogas no son delitos separados, sino dos caras de una misma economía criminal.
En la Argentina, ese entramado encontró terreno fértil en el talón de Aquiles de la democracia: el financiamiento de la política. Desde 1991, cuando se recortó el sistema de financiamiento estatal, las campañas quedaron expuestas a donaciones privadas con controles laxos. Empresarios contratistas, fundaciones de papel, personas jurídicas fantasma y finalmente el narcotráfico ocuparon ese espacio.
De allí surgió una “mafiosidad estatal”: políticos condicionados por quienes los financiaron, incapaces de enfrentar a los grandes capos, mientras la justicia encarcela a los eslabones más débiles.
Cómo se burla la ley
El problema se agrava porque las normas vigentes, además de débiles, son sistemáticamente vulneradas. El uso masivo de efectivo sigue siendo la maniobra más extendida: aunque la ley promueve la bancarización, las campañas se financian mayormente con billetes imposibles de rastrear.
Los falsos donantes —los llamados “aportantes truchos”— son otro recurso habitual: personas de bajos ingresos, incluso beneficiarios de programas sociales, aparecen como grandes contribuyentes, encubriendo capitales de origen ilícito.
Las empresas, pese a estar legalmente prohibidas de financiar, encuentran un atajo en la figura de empleados de confianza que donan en su nombre. El desvío de fondos públicos hacia la campaña es otra práctica corriente, ya sea mediante el uso de personal, vehículos o partidas presupuestarias. La obra pública, los laboratorios, las aseguradoras, las empresas mineras extractivistas y otros proveedores del Estado participan en el esquema de favores a cambio de contratos, que luego se traducen en aportes encubiertos.
También abundan los gastos ficticios: consultoras y agencias de publicidad simulan servicios para justificar transferencias irregulares. En este esquema, el dinero del narcotráfico encuentra un cauce perfecto: el efectivo no declarado lo introduce sin dejar huella en las campañas. Finalmente, se suman la subestimación de gastos y las donaciones simuladas, mediante las cuales los partidos declaran menos de lo que gastan o inventan listas de aportantes.
Todas estas prácticas, lejos de ser marginales, se repiten elección tras elección y demuestran que el sistema actual no solo es permeable, sino que se ha transformado en un mecanismo de legitimación de capitales ilícitos.
Reformas internacionales: la reacción tras el escándalo
La Argentina no es un caso aislado. En todo el mundo, las reformas al financiamiento político se dieron siempre después de crisis profundas que pusieron en jaque la legitimidad democrática.
En México, los vínculos entre crimen organizado, empresas y campañas forzaron en 2007 una reforma que prohibió donaciones corporativas, bancarizó los aportes y fortaleció al Instituto Nacional Electoral. En Brasil, el Lava Jato mostró la trama de constructoras que financiaban partidos a cambio de contratos. La Corte Suprema reaccionó en 2015 con la prohibición tajante de aportes empresariales. En Chile, la caída en la credibilidad política tras los casos Penta y SQM derivó en 2016 en la eliminación de los aportes de personas jurídicas y la limitación de los individuales.
Europa también reaccionó. Francia, tras escándalos de los noventa, optó por un sistema de financiamiento público predominante. Alemania reforzó auditorías después de casos que salpicaron incluso a la CDU. Portugal prohibió las donaciones corporativas en 2003 tras denuncias de tráfico de influencias.
En Canadá, las reformas de 2004 prohibieron donaciones de empresas y sindicatos, establecieron límites estrictos a los aportes individuales y reforzaron el financiamiento público, después de revelarse que contratos estatales se usaban para financiar partidos. Australia, por su parte, reforzó la transparencia en la declaración de donaciones ante la presión de corporaciones mineras y financieras.
El patrón común es inequívoco: las reformas nunca fueron voluntarias, sino consecuencia de escándalos que hicieron tambalear la confianza pública.
La reforma urgente que necesita la Argentina
La experiencia internacional demuestra que la salida es clara: reforzar el financiamiento público, reducir al mínimo el peso del dinero privado y garantizar trazabilidad total. Argentina necesita una ley de financiamiento público y transparente que prohíba los aportes de corporaciones privadas y gobiernos extranjeros; limite los aportes individuales a montos bajos, bancarizados y trazables; cree un registro único de proveedores de campaña; obligue a publicar en tiempo real los ingresos y gastos; y aplique sanciones ejemplares que incluyan la pérdida de bancas y cargos electivos, la baja de personerías de partidos e incluso prisión en casos de financiamiento ilegal comprobado.
Conclusión: entre el riesgo y la oportunidad
El financiamiento político opaco es la puerta de entrada de la corrupción y del crimen organizado. Mientras las campañas se sigan financiando con efectivo, falsos donantes, sobreprecios o capitales narcos, la democracia estará condicionada.
La transparencia en el financiamiento no es un tecnicismo: es el núcleo mismo de la lucha contra la mafiosidad estatal. Si no se corta el cordón umbilical entre política y dinero sucio, la “mexicanización” dejará de ser advertencia para convertirse en destino. Hasta México reaccionó a tiempo. Este debate debe darse sincera y transversalmente entre todos los que anhelamos que la población vuelva a confiar en sus representantes y en la participación política que, como decía Francisco, debería ser la forma más alta de caridad por el bien común.
Argentina aún esta a tiempo de proteger su democracia, pero el tiempo se acorta y ya no admite dilaciones.
Anexo: organismos internacionales y Argentina en el mapa del narcotráfico
La UNODC, en sus Informes Mundiales sobre las Drogas, describe a la Argentina como una plataforma de tránsito y reexportación de cocaína hacia Europa y advierte sobre su rol en el tráfico de precursores químicos, como la efedrina.
La CICAD, dependiente de la OEA, en informes de 2022 a 2024, también destaca a la Argentina como país clave en la logística del narcotráfico.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), subraya el crecimiento del país como exportador de cocaína hacia Europa y alerta sobre la situación en Rosario.
Desde Europa, Europol incluye a la Argentina como fuente de cocaína que abastece a puertos como Amberes, Rotterdam, Valencia y Algeciras, mientras que Interpol advierte sobre la presencia de organizaciones transnacionales asociadas a cárteles mexicanos y grupos balcánicos.
El GAFI identifica a la Argentina como un país con riesgo elevado de lavado de activos vinculados al narcotráfico.
Finalmente, el Informe Global sobre Trata de Personas de la UNODC (2022) señala que el 78% de los casos de trata a nivel mundial se desarrolla en contextos asociados al narcotráfico, confirmando la interrelación entre ambos fenómenos.
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