Impulsan el Régimen Previsional Argentino (REPA), un proyecto integral para unificar el fragmentado sistema jubilatorio del país, adaptarlo al envejecimiento poblacional y garantizar sostenibilidad mediante aportes solidarios, con énfasis en equidad para trabajadores dependientes, autónomos y prestaciones por vejez, invalidez y fallecimiento.
La diputada nacional María Eugenia Vidal impulsa el Régimen Previsional Argentino (REPA), un ambicioso proyecto de ley que busca unificar los sistemas jubilatorios del país, garantizar equidad y sostenibilidad financiera, y adaptarse al envejecimiento poblacional y las transformaciones del mercado laboral.
La iniciativa, presentada junto a las diputadas del Pro María Sotolano, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas y Karina Bachey, propone un sistema de reparto solidario que cubra las contingencias de vejez, invalidez y muerte, con reglas claras para trabajadores dependientes, autónomos y cotizantes voluntarios.
Argentina enfrenta un desafío estructural en su sistema previsional, caracterizado por una fragmentación institucional que genera inequidades, ineficiencias y problemas de sostenibilidad. Según los fundamentos del proyecto, el país cuenta con más de 200 regímenes previsionales diferentes entre los ámbitos nacional, provincial y municipal, lo que resulta en disparidades significativas.
Mientras el 60% de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se jubilan bajo reglas generales y absorben el 45% del gasto previsional, el 40% restante, acogido a regímenes especiales, representa el 55% del gasto total. Esta asimetría, sumada al envejecimiento poblacional y la informalidad laboral, pone en riesgo la viabilidad del sistema.
El proyecto de ley presentado por la diputada María Eugenia Vidal busca abordar estas problemáticas mediante la creación del Régimen Previsional Argentino (REPA), un sistema de reparto de alcance nacional y carácter solidario que unifique criterios para trabajadores dependientes, autónomos y cotizantes voluntarios.
La iniciativa responde a las transformaciones demográficas y económicas globales, como la disminución de la tasa de fecundidad (de 3,2 nacidos vivos por mujer en 1950 a 1,5 en 2022) y el aumento de la esperanza de vida (de 61,3 años en 1950 a 75,8 en 2022), que incrementan la presión sobre los sistemas previsionales.
Principales características del REPA
El proyecto establece un sistema de reparto basado en aportes y contribuciones, con reglas claras para su financiamiento y la asignación de prestaciones. A continuación, se detallan sus puntos clave:
- Ámbito de Aplicación
El REPA abarca a todas las personas mayores de 18 años, ya sean trabajadores en relación de dependencia, autónomos o cotizantes voluntarios. Incluye a empleados públicos (excepto personal militar y de seguridad), trabajadores del sector privado y autónomos que ejerzan actividades como la dirección de empresas, profesiones universitarias o actividades lucrativas. Los empleadores y trabajadores deben realizar aportes obligatorios del 11% y 16% respectivamente, sobre las remuneraciones o rentas, depositados en el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).
Los profesionales extranjeros contratados por un máximo de cuatro años pueden quedar exentos si están amparados por sistemas previsionales de sus países de origen, aunque pueden optar por cotizar voluntariamente. Además, el proyecto permite la adhesión de provincias y municipios al REPA mediante convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, buscando integrar regímenes previsionales fragmentados.
- Prestaciones
El REPA establece dos tipos de prestaciones principales.
Prestación Básica: dirigida a cubrir la contingencia de vejez o invalidez, requiere, para vejez, ser residente permanente (10 años para extranjeros), tener 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), no percibir otros beneficios ni ingresos por actividades laborales.
Para invalidez: acreditar una incapacidad del 66% o más, ser menor de la edad mínima de jubilación y cesar en actividades laborales.
Su monto inicial equivale al Haber Mínimo Garantizado de la Ley 24.241. Prestación Proporcional: vinculada a los aportes realizados, se calcula actualizando los aportes con un índice mixto (Índice del Nivel General de las Remuneraciones hasta 1995 y RIPTE posteriormente) y dividiendo el resultado por un factor actuarial basado en la esperanza de vida. Para invalidez, se incluyen aportes proyectados hasta la edad mínima de jubilación.
- Incentivos y flexibilidad
El proyecto introduce mecanismos para incentivar aportes y prolongar la vida laboral.
Jubilación Postergada: quienes se jubilen después de la edad mínima recibirán un complemento del 3,5% por cada año cotizado adicional, integrable a la Prestación Proporcional o como pago único si se posterga cinco años o más.
Períodos Especiales de Cotización: se reconocen años de aportes por hijos nacidos vivos (1 año por hijo), adopciones (2 años por menor adoptado) y períodos de excedencia o desempleo, con bases de cálculo ajustadas al salario mínimo o la última remuneración.
- Invalidez y Pensiones
La determinación de la invalidez se realiza mediante comisiones médicas integradas por cinco profesionales designados por concurso, con dictámenes revisables cada tres años.
Las pensiones por fallecimiento se otorgan a viudos, convivientes e hijos, con duraciones variables según la edad (vitalicia para mayores de 60/65 años, temporal para menores). El monto se calcula como un porcentaje de la Prestación de Referencia del causante, con un máximo del 100% distribuido entre los beneficiarios.
- Movilidad y límites
Los haberes se ajustan por inflación (IPCN) cuando esta acumula un 5% y anualmente en marzo, combinando la variación del IPCN con el 50% del aumento del RIPTE. El haber mínimo equivale a la Prestación Básica, y el máximo es tres veces el RIPTE.
Las deducciones por deudas no pueden superar el 20% del haber mensual, y los créditos otorgados a beneficiarios tienen un costo financiero limitado al 5% por encima de la tasa del Banco Nación.
- Integración de regímenes provinciales
El proyecto encomienda al Poder Ejecutivo negociar convenios para integrar los regímenes provinciales al REPA, con reglas de transición según la edad de los afiliados al momento de la integración. Esto busca reducir las disparidades entre sistemas nacionales y provinciales, donde los segundos suelen tener tasas de sustitución más altas (hasta 82%) y edades de jubilación más bajas, generando déficits significativos.
Fundamentos y contexto
El proyecto responde a la necesidad de adaptar el sistema previsional a las tendencias demográficas y económicas. La reducción de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida han elevado la relación de adultos mayores por cada 100 personas en edad activa (de 7,5 en 1950 a 20,8 en 2020, proyectada a 64,6 en 2080).
Además, el “bono demográfico” argentino se agotará hacia fines de la década de 2030, lo que incrementará la presión sobre la población activa para sostener a los jubilados.
El sistema actual, con un déficit equivalente al 2,5% del PBI en 2023 (incluyendo moratorias), enfrenta problemas de equidad: los regímenes especiales y provinciales otorgan beneficios más generosos, financiados con transferencias tributarias regresivas que afectan otras prioridades, como la inversión en educación o infraestructura.
En provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, los subsidios a regímenes previsionales representan entre el 3,5% y el 7,8% del gasto provincial, equivaliendo a millones de pesos por beneficiario al año.
Vidal propone un sistema de cuatro pilares: un pilar no contributivo (similar a la PUAM), un pilar contributivo basado en aportes acumulados, y dos pilares voluntarios (colectivo e individual) sin garantía estatal. La movilidad de los haberes debe seguir la inflación y una parte del aumento salarial, mientras que las edades de jubilación se ajustarán gradualmente según las tablas de mortalidad del INDEC, manteniendo estable el período de percepción de beneficios.
Impacto y desafíos
La reforma busca reducir inequidades, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad frente al envejecimiento poblacional. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos.
Consenso Político: Las reformas previsionales suelen generar conflictos sociales y políticos, especialmente en un contexto de fragmentación institucional y alta litigiosidad.
Transición Gradual: El proyecto respeta los derechos adquiridos de los actuales jubilados y propone una transición progresiva para quienes están cerca de la edad de jubilación, pero su implementación requiere acuerdos con provincias y municipios.
Formalización Laboral: Con menos del 50% de la PEA cotizando al sistema previsional, la informalidad laboral sigue siendo un obstáculo para el financiamiento contributivo.
Conclusión
El proyecto de María Eugenia Vidal representa un esfuerzo ambicioso por modernizar y unificar el sistema previsional argentino, alineándolo con las realidades demográficas y económicas del siglo XXI. Al proponer un sistema de reparto solidario, con reglas claras y equitativas, el REPA busca garantizar la sostenibilidad financiera y reducir las disparidades entre regímenes.
Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de construir consensos políticos y sociales, así como de abordar los desafíos estructurales del mercado laboral argentino. La discusión parlamentaria será clave para definir el futuro de la protección social en el país.
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