El Sindicato de Trabajadores Rurales denunció a funcionarios del Mercado Central de Buenos Aires por abuso de autoridad y persecución sindical, en un contexto de acusaciones de corrupción, abandono e intereses mafiosos que rodean la gestión de Fabián Miguelez.
El Sindicato de Trabajadores Rurales (STR) presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), a quienes acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción agravada.
Según el escrito judicial, el sindicato había recibido autorización en 2017 para instalar su sede en un local del Mercado Central. Sin embargo, a los pocos meses, los funcionarios denunciados —entre ellos Daniel Méndez, Gustavo Ercolani y Guillermo Ferro— intentaron desconocer esa resolución y presionaron de manera irregular para desalojar al gremio. La denuncia sostiene que el accionar incluyó intimidaciones verbales, amenazas de multas económicas y advertencias sobre el uso de la fuerza, con el objetivo de desalojar ilegalmente al STR del espacio asignado.
El sindicato advierte que se trata de un caso de persecución sindical que viola derechos fundamentales como la libertad sindical, la igualdad ante la ley, la propiedad y la seguridad jurídica, todos ellos protegidos por la constitución nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Una caja de poder en disputa
El trasfondo de la denuncia expone una disputa mayor. El Mercado Central, principal centro de abastecimiento de frutas y verduras de la Argentina, atraviesa desde hace años denuncias por corrupción, abandono e inseguridad. En el centro de las acusaciones aparece el actual presidente del organismo, Fabián Miguelez, señalado como un hombre de confianza de Mauricio Macri.
Miguelez, quien ya había ocupado el cargo entre 2016 y 2018 y debió renunciar en medio de denuncias por corrupción, volvió a la presidencia en diciembre de 2023. Su mandato venció el 31 de marzo de 2025, pero se niega a dejar el sillón, sostenido por apoyos políticos y judiciales de peso.
Diversos informes periodísticos y gremiales lo vinculan con la utilización del Mercado como caja negra para la política, direccionamiento de contratos, recaudación irregular a través de cooperativas y hasta con el presunto uso del predio como pantalla para operaciones ilegales de narcotráfico y tráfico de armas, hechos que habrían dejado un saldo de al menos una docena de muertos camuflados como peleas entre changarines.
Reclamo de los trabajadores
Mientras tanto, los trabajadores del Mercado denuncian un escenario de mugre, inseguridad y abandono: baños en condiciones deplorables, falta de luminarias, calles sin señalización, baches y pagos atrasados a cooperativas. Frente a este panorama, la Junta Interna de ATE convocó a una movilización para exigir mejoras estructurales y el fin de los maltratos por parte del directorio.
La denuncia del STR, que ya tramita en sede judicial, abre un nuevo frente en un organismo atravesado por internas políticas, acusaciones de corrupción y manejos oscuros. El futuro del Mercado Central, pieza estratégica del abastecimiento alimentario en el país, parece estar cada vez más marcado por la disputa de poder y las sospechas de connivencia con estructuras mafiosas.
Realpolitik.com
