En pleno calendario electoral, el gobierno de Javier Milei emitió un gesto concreto hacia las iglesias evangélicas que generó controversia en el ámbito político, jurídico y financiero. A través del decreto 486/2025, publicado en el Boletín Oficial, se habilitó a las organizaciones religiosas no católicas a administrar bienes y llevar libros contables sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones, como lo exige la normativa vigente hasta ahora.
La medida, que responde a un histórico reclamo de los cultos evangélicos, fue presentada por la Secretaría de Culto y Civilización, conducida por Nahuel Sotelo, como un avance en términos de reconocimiento institucional. El Gobierno argumentó que el objetivo es facilitar la acreditación de personería jurídica a aquellas entidades inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. “Por primera vez, las comunidades podrán rubricar sus libros contables y actuar con plena transparencia sin dejar de ser lo que son: iglesias, comunidades de fe, espacios espirituales”, señalaron en un comunicado.
Nahuel Sotelo, Secretario de Culto, y Javier Milei.
Sin embargo, la decisión generó alarma entre especialistas y sectores que advierten sobre los riesgos de habilitar estructuras patrimoniales sin los controles que exige la ley para otras organizaciones civiles. Al no requerir el trámite formal ante la Inspección General de Justicia (IGJ) ni el cumplimiento de normas básicas de rendición de cuentas, se abre una puerta a la opacidad financiera, con consecuencias potenciales en términos de evasión fiscal y lavado de dinero. En la práctica, muchas de estas entidades podrán tener bienes a su nombre y operar cuentas bancarias sin estar sujetas al régimen habitual de supervisión estatal.
El decreto insta a las provincias a adherir al nuevo esquema, lo que permitirá que cada jurisdicción habilite su propio registro de entidades religiosas con personería jurídica, al margen de las figuras legales tradicionales. La IGJ trabajará en la implementación junto a los organismos locales.
En la inauguración de “Portal del Cielo”, en Chaco. El espacio evangélico más grande del país.
La norma no impone obligatoriedad, sino que plantea esta vía como una alternativa voluntaria para quienes deseen evitar el formato de asociación o fundación. Desde el oficialismo insisten en que se trata de un paso hacia una “mayor libertad religiosa” y aseguran que la transparencia contable será garantizada por la propia voluntad de las iglesias. Sin embargo, especialistas alertan que en un contexto de desregulación generalizada, este tipo de flexibilizaciones puede terminar facilitando la creación de estructuras difíciles de auditar y con posibles usos ilícitos.
La medida forma parte de una política de cercanía del gobierno con sectores evangélicos que han acompañado discursivamente a Milei, y vuelve a poner en discusión el equilibrio entre libertad religiosa, control institucional y prevención de delitos financieros.
