Axel Kicillof justificó la expropiación ilegal de YPF: ‘No soy especialista en esto’
El autor intelectual del mayor saqueo judicial: “La facultad expropiar está por encima del estatuto de una empresa privada”
El fallo demoledor de la jueza estadounidense Loretta Preska contra el Estado argentino volvió a exponer el desastre jurídico, institucional y económico que dejó el kirchnerismo. La magistrada ordenó este lunes que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital —y de forma separada, también al fondo Bainbridge— por la forma irregular en que se ejecutó la estatización de la petrolera en 2012. El responsable político y técnico de esa maniobra fue el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Lejos de mostrar autocrítica, el propio Kicillof brindó una conferencia de prensa en tono nacionalista, calificando el fallo como “una agresión a la soberanía argentina” y “un disparate jurídico”. Sin embargo, reconoció: “No soy especialista en esto, pero la facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa”. La frase dejó en evidencia el nivel de improvisación con el que se llevó adelante una operación que hoy pone en jaque las finanzas del Estado.
Kicillof, intentó desviar el foco culpando a Estados Unidos y a Milei: “Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo… se nota mucho”. En su cuenta de X, el gobernador incluso acusó al presidente de ser un “topo en la Casa Rosada” y concluyó con una consigna clásica del kirchnerismo: “YPF no se vende”.
El trasfondo de este juicio es aún más escandaloso: el esquema de “socialismo de amigos” que el kirchnerismo diseñó para beneficiar al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cercano a los Kirchner desde los años 90. La historia comenzó en 2008, cuando Repsol le transfirió el 14,9% de las acciones de YPF a los Eskenazi, sin que estos pusieran dinero propio: accedieron a créditos por más de USD 2.000 millones, incluso de la propia Repsol, con el aval político de Néstor Kirchner.
Ese “negocio entre amigos” creció: en 2011, Petersen Energía, con sede en España pero controlada por los Eskenazi, compró un 10% adicional de YPF. Apenas un año después, el gobierno de la actual condenada, Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar la compañía sin seguir los procedimientos previstos en el estatuto de YPF para expropiaciones, lo que hoy sirve de base para las demandas millonarias de fondos internacionales como Burford Capital, que compró la quiebra de Petersen y ahora litiga contra el Estado argentino.
Los Eskenazi no tenían trayectoria previa en el rubro energético, pero lograron posicionarse como dueños de la mayor empresa del país en base a vínculos políticos y acuerdos financieros oscuros. Para pagar la deuda con Repsol, utilizaban hasta el 90% de los dividendos de YPF, en un acuerdo insólito para cualquier estándar empresarial.
Frente al fallo adverso, el gobierno de Javier Milei se puso en marcha: este martes el presidente se reunió con su Gabinete para delinear la estrategia de apelación y minimizar el daño causado por el kirchnerismo. Mientras tanto, desde el Partido Justicialista, Cristina Kirchner y otros referentes emitieron un comunicado rechazando la “entrega” de YPF y llamando a “defender la soberanía nacional”, sin asumir que fueron ellos quienes gestaron este embrollo judicial que hoy puede costar USD 16.000 millones.
Kicillof insistió en que “Milei dice que va a apelar el fallo, pero le da la razón a los buitres”, ignorando que fue él quien ignoró el estatuto de YPF, desoyó las alertas jurídicas y condujo al país al borde de una sentencia histórica.
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