Estela Díaz, sancionada por irregularidades en el otorgamiento de subsidios para políticas de género
El Tribunal de Cuentas bonaerense sancionó a la ministra Estela Díaz y a dos funcionarias por graves irregularidades en el manejo de más de 338 millones de pesos del programa “Comunidades sin Violencias”, incluyendo subsidios arbitrarios, falta de control y rendiciones incompletas durante 2023.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aplicó sanciones formales a la ministra Estela Díaz y a dos altas funcionarias del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires por una serie de irregularidades detectadas en la ejecución presupuestaria del ejercicio 2023, particularmente en el programa “Comunidades sin Violencias”.
Según consta en el fallo 297/2025, el organismo aprobó con salvedades la rendición de cuentas del ministerio pero resolvió aplicar amonestaciones a Estela Díaz, quien encabezó la cartera en la gestión de Axel Kicillof; a Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; y a Carolina Arribi, directora de Politicas de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias por Razones de Género y responsable del Programa Comunidades sin Violencias, quien cesó en el cargo el 31 de mayo de 2024 pero sigue percibiendo ingresos de la cartera provincial y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Incumplimientos y falta de control
El HTC detectó múltiples deficiencias en la gestión y control de los subsidios otorgados a municipios y organizaciones sociales. Entre las irregularidades más destacadas figuran:
– Incumplimiento del 95 por ciento de los plazos de entrega de informes parciales y finales por parte de los beneficiarios.
– Ausencia de acciones de control por parte del ministerio para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
– Asignación arbitraria de subsidios sin correlato con los indicadores de necesidad, como población o tasa de denuncias por violencia de género.
– Falta de rendición detallada de los fondos otorgados y deficiente seguimiento por parte de la cartera.
Uno de los casos más llamativos señalados en la auditoría es la municipalidad de Punta Indio, que gobierna el kirchnerista David Angueira, que con solo 12.297 habitantes y una tasa baja de llamadas a la línea 144, fue el que más fondos recibió. En contraste, partidos con altas tasas de violencia de género, como General Pueyrredón o Zárate, no fueron beneficiados. Casualmente, ambos distritos son gobernados por partidos de la oposición: Guillermo Montenegro y Marcelo Matzkin respectivamente.
Reacción del ministerio y modificaciones normativas
En sus descargos, las funcionarias argumentaron que la implementación del programa enfrentó obstáculos estructurales y que durante 2023 comenzaron a incorporar mejoras sugeridas por el Tribunal. Afirmaron que la normativa fue modificada en 2024, con la resolución 412/2024, para establecer un mayor control en la ejecución y rendición de los subsidios.
A pesar de estos cambios, el Honorable Tribunal de Cuentas consideró que las deficiencias del 2023 fueron suficientemente graves como para ameritar sanciones. El monto total de los subsidios observados asciende a más de 338 millones de pesos.
De este modo, el pronunciamiento del organismo -cuya resolución fue firmada por los vocales Gustavo Eduardo Diez, Juan Pablo Peredo, Ariel Héctor Pietronave, Daniel Carlos Chillo y el presidente, Federico Gastón Thea– no solo pone en evidencia problemas estructurales en la asignación y fiscalización de recursos públicos, sino que también lanza una advertencia directa sobre la necesidad de mayor transparencia, planificación y responsabilidad en la ejecución presupuestaria de las políticas de género.
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