El Gobierno de Milei ya eliminó más de 50.000 empleos públicos desde su asunción

Gracias a estos recortes, los argentinos se ahorrarán más de 2.000 millones de dólares por año.
En el contexto del necesario ajuste en el sector público, el Gobierno de Javier Milei informó que durante los primeros 18 meses de gestión redujo en 50.591 la cantidad de empleos públicos, logrando así un ahorro anual de 2.000 millones de dólares.
“Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En diciembre de 2023, antes del inicio del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales tenían 91.166 trabajadores. Para abril (último dato disponible), esas cifras se redujeron a 177.444 y 76.230, respectivamente.
En relación al ahorro de 2.000 millones de dólares, desde el gobierno explicaron en un informe previo: “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”.
Además, recientemente Federico Sturzenegger se manifestó al respecto, afirmando: “Nosotros hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba”.
Como ejemplo de gasto innecesario, se mencionó que el INTA contaba con 3.000 vehículos para sus 6.000 empleados y un presupuesto de 400.000 millones de pesos, mientras que el Senasa disponía de 700 camionetas. “Hay áreas que tienen más secretarios que varios ministerios. Son cosas que se hicieron para generar puestos y generar caja”, señaló el ministro.
El importante recorte en la plantilla de personal, que incluye despidos y la no renovación de contratos tanto en la Administración Pública Nacional (APN) como en las empresas estatales, persigue un objetivo claro: reducir el gasto público y consolidar el superávit fiscal.
En términos generales, la meta de superávit establecida por el Gobierno de Milei para este año es más exigente que la prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que se espera que los objetivos trimestrales reflejen esta disminución del gasto a lo largo del ejercicio.
Esta decisión responde a que, el mismo día en que se oficializó el acuerdo con el FMI, el equipo económico consideró que la meta establecida en el programa, un superávit primario del 1,3% del PBI, equivalente a unos 6,3 billones de pesos, no era suficiente para garantizar la estabilidad macroeconómica frente a posibles shocks externos. Por ello, se ajustó al alza hasta un 1,6% del PBI, lo que representa alrededor de 7,7 billones de pesos.
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