La sugestiva visita a la Alcaldia del juez que podría sellar el destino de CFK

El titular del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, estuvo el viernes en la calle Cavia.
El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, realizó una visita el viernes a la Alcaidía de la calle Cavia, ubicada en pleno Palermo Chico, donde se alojan temporalmente presos de alto perfil político. Esta visita generó de inmediato preocupaciones en el Instituto Patria, ya que Gorini es el juez encargado de ejecutar la condena de Cristina Kirchner. Desde el juzgado indicaron que el magistrado se presentó para verificar el estado de las instalaciones.
Si la Corte Suprema ratifica en los próximos días la condena contra Cristina de Kirchner, como se espera en el kirchnerismo, no sería sorprendente que el juez Gorini ordene el traslado de la expresidenta a Cavia, hasta que se resuelva su prisión domiciliaria, dado que tiene más de 70 años.
En el Instituto Patria, el movimiento del juez llamó la atención, ya que también formó parte del tribunal que condenó a Cristina. “Gorini no debería tener información sobre un fallo inminente de la Corte en contra de Cristina”, comentó un colaborador de la expresidenta.
En el kirchnerismo, se cree que el máximo tribunal podría confirmar la sentencia en los próximos días, lo que abriría la puerta a su traslado a Cavia antes de una eventual prisión domiciliaria, dado que supera los 70 años.
Este nuevo episodio agrega incertidumbre a la situación judicial de la expresidenta y refuerza la especulación sobre los próximos pasos de la justicia argentina.
El pronunciamiento del Grupo Puebla
El Grupo de Puebla activó la campaña internacional para defender a Cristina ante un inminente fallo de la Corte Suprema que confirmará su condena en la Causa Vialidad y dispondrá en consecuencia su detención y la imposibilidad de presentarse como candidata a diputada bonaerense por el peronismo.
El Grupo de Puebla tiene decidido además acompañar a la expresidenta en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar el camino internacional del reclamo.
A través de un comunicado firmado en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), el Grupo Puebla denunció “el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política”.
“La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri”, agregaron en el texto.
Este espacio fundado por el chileno Marco Enriquez Ominani, denunció que “la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva) en su construcción para poder responsabilizar a la presidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático”.
“La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina”, apuntó el texto.
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