Te mostramos los Nombres:
Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de la PBA (ABSA)
Año 2021La Nación: Un nuevo frente se le abrió a la provincia de Buenos Aires en Wall Street. Pese a haber conseguido el acuerdo del 97,6% de los bonistas para reestructurar su deuda de US$7148 millones bajo legislación extranjera, dos fondos de inversión le iniciaron una demanda en los tribunales de Nueva York. Se trata de Glacial Capital y TRSE Holdings, quienes reclaman un total de US$27 millones.
Los fondos tienen como abogado a un viejo conocido de la Argentina, Dennis Hranitzky, quien ayudó en 2014 al fondo Elliot Management Corporation, de Paul Singer, en su contienda contra el país e incluso pidió la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana.
Glacial Capital y TRSE Holdings son parte del 2% que no aceptó la oferta de canje del gobierno de Axel Kicillof. Los bonos que se refinanciaron habían sido emitidos en 2006 y contaban con las cláusulas de acción colectiva (CAC), que tienen como fin “arrastrar” dentro del canje a aquellos que están contra, si se alcanza un umbral mínimo de aceptación. Pese a esta herramienta, la serie de bonos 10.875% 2021 quedó excluida del canje.
“Son US$247,4 millones que continúan en circulación y en default. Ayer, dos acreedores con tenencias de ese bono iniciaron juicio para cobrar US$11,4 millones y US$14,2 millones, respectivamente. ¿Se vienen más demandas?”, se preguntó el director de Research for Traders, Sebastián Maril, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
Lo interesante es que quieren cobrar y para eso buscan fondos de la corrupción de los funcionarios argentinos y dan los indicios para hacerlo:
En español :
10 de octubre de 2023
VÍA ECF
Hon. Mary Kay Vyskocil
Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse
Calle Pearl, 500
Nueva York, NY 10007
Asunto: Glacial Capital, LLC et al v. The Province of Buenos Aires, Caso No. 1:21-cv- 10786-MKV Estimado Juez Vyskocil:
Somos abogados de Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, los demandantes y acreedores judiciales en la acción arriba referenciada (colectivamente, “Acreedores Judiciales“). Nos dirigimos a Su Señoría en virtud de la Regla Individual 3.D para solicitar la autorización del Tribunal para presentar una moción para obligar a terceros el Bank of New York Mellon (“BoNY“), su filial al 100% Pershing, LLC (“Pershing“), y American Express Travel Related Services Company, Inc. (“American Express“) a responder a una citación duces tecum posterior a la sentencia que los Acreedores Judiciales entregaron a cada uno de ellos en mayo de 2023 (“Citación“), una copia de la cual se adjunta como Anexo A.1
Es probable que estos bancos posean registros que demuestren que funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires (“PBA” o “Deudor Judicial“), y entidades e individuos relacionados, han malversado fondos públicos y/o los han transferido ilícitamente al exterior, principalmente a través de una firma de corretaje argentina llamada Allaria Ledesma & Cia (“Allaria“). Los Acreedores de la Sentencia tienen derecho a descubrir estos flujos internacionales de activos para ayudar en la ejecución de la Sentencia de este Tribunal del 20 de marzo de 2023 contra la PBA (“Sentencia“) (ECF 57). Habiendo llegado a un punto muerto en las negociaciones de descubrimiento con estos bancos, se debe permitir a los Acreedores de la Sentencia solicitar que se les obligue a responder.
- Citación Duces Tecum de los Acreedores Judiciales
El Tribunal dictó la Sentencia a favor de los Acreedores del Fallo y en contra de la PBA por un monto de $35.092.958,41, más intereses posteriores al fallo, el 20 de marzo de 2023. ECF 57. Posteriormente, la PBA se negó a pagar la Sentencia. En consecuencia, a partir del 2 de mayo de 2023, y de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 45 y 69, los Acreedores de la Sentencia notificaron la Citación a once bancos para obtener información sobre los activos de la PBA que pudieran utilizarse para satisfacer la Sentencia.
La citación busca mensajes SWIFT – es decir, registros de transferencias electrónicas internacionales de fondos – pertenecientes a una serie de entidades gubernamentales de la PBA, empresas estatales y sus directores y afiliados; entidades y personas en Argentina que pueden ser sus deudores, acreedores o contrapartes; y personas que pueden haber malversado activos de estas entidades. Ej. A
1 Aunque los Acreedores Judiciales se han esforzado por cumplir con la Regla Individual 3.D, entienden que una carta conjunta no está justificada porque BoNY, Pershing y American Express no son partes.
quinn emanuel urquhart & sullivan, llp
ATLANTA | AUSTIN | BOSTON | BRUSELAS | CHICAGO | DOHA | HAMBURGO | HONG KONG | HOUSTON | LONDRES | LOS ANGELES | MANNHEIM | MIAMI | MUNICH | NEUILLY-LA DEFENSE | NUEVA YORK | PARÍS | PERTH | RIYADH | SALT LAKE CITY | SAN FRANCISCO | SEATTLE | SHANGHAI | SILICON VALLEY | STUTTGART | SYDNEY | TOKIO | WASHINGTON, DC | ZURICH
en 8-31. SWIFT, o la “Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales”, es una organización que “proporciona un servicio de mensajería” que se “considera el ‘centro neurálgico de la industria bancaria mundial’, enrutando más de 11 millones de transacciones cada día ‘entre bancos, corredurías, bolsas de valores y otras instituciones.'” Amidax Trading Grp. v. S.W.I.F.T. SCRL, 671 F.3d 140, 143 (2d Cir. 2011) (se omiten las citas).
La Citación solicita que los bancos busquen los nombres de estas entidades en sus bases de datos de mensajes SWIFT y presenten los resultados de las transferencias que superaron los 25.000 dólares que se remontan a 2013, justo antes de que supuestamente se produjera una gran cantidad de malversación y transferencia de fondos públicos en 2014 y 2015. Ex. A en 8. Los términos de búsqueda también tienen una prioridad de 1, 2 o 3, lo que reduce la carga para los bancos al facilitar las producciones continuas y la posibilidad de suspender las búsquedas de menor prioridad si las producciones para los términos de búsqueda de mayor prioridad resultan suficientemente relevantes. Id. en 9-31. Los precedentes confirman el derecho de los Acreedores de la Sentencia a citar a terceros bancos para obtener esta información SWIFT con el fin de trazar el sistema circulatorio financiero de la PBA y localizar sus activos que puedan satisfacer la Sentencia, incluidos los fondos supuestamente malversados de la PBA por funcionarios públicos u otras entidades. Véase, por ejemplo, Doraleh Container Terminal SA c. República de Yibuti, Misc. Action 23-83 (BAH) (D.D.C. 21 de septiembre de 2023) (confirmando una citación SWIFT similar entregada a diez bancos hace once años); EM Ltd. v. Republic of Arg., 695 F.3d 201, 208 (2d Cir. 2012) (similar), aff’d, Republic of Arg. v. NML Capital, Ltd., 573 U.S. 134, 140 (2014) (validando dichas citaciones para la obtención de pruebas de “terceros bancos sobre los activos del deudor judicial” en todo el mundo); NML Capital, Ltd. v. Republic of Arg., No. 2:14- cv-492 (VCF), 2014 WL 3898021 (D. Nev. 11 de agosto de 2014).
(permite la investigación de los bienes del deudor soberano supuestamente malversados para ejecutar la sentencia).
II. El descubrimiento posterior a la sentencia revela que funcionarios de la PBA podrían haber malversado y/o transferido ilícitamente fondos públicos
Ocho de los bancos citados han estado cumpliendo con la citación y trabajando con los acreedores judiciales para adaptarla a fin de minimizar la carga. Los datos SWIFT que han presentado hasta la fecha, junto con los informes públicos, indican que funcionarios del gobierno de la PBA pueden haber estado malversando sistemáticamente fondos públicos y transfiriéndolos fuera de Argentina. Estas transferencias son recientes, inexplicablemente cuantiosas para tratarse de funcionarios públicos, y se han realizado mientras la población argentina vive bajo una inflación galopante, una pobreza generalizada y estrictos controles de capital que limitan el flujo de dólares estadounidenses fuera del país.
Estas transferencias aparentemente ilícitas implican principalmente a una empresa de corretaje bien conectada en Argentina: Allaria. Un puñado de ejemplos revela la centralidad de Allaria en este esquema. Carlos Montana, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la PBA, y Diego Benítez, su Subsecretario de Obras Públicas, parecen haber movido cientos de miles de dólares dentro y fuera de Argentina a través de Allaria en los últimos dos años. Del mismo modo, una tal Ana María Bazán, que podría estar relacionada con un asesor de la PBA del mismo nombre y está implicada en los Papeles de Pandora, ha utilizado Allaria para mover millones de dólares dentro y fuera de Argentina. Estas sumas, junto con la reveladora táctica de utilizar una agencia de valores para eludir los controles de capitales, son altamente indicativas de corrupción y
blanqueo de dinero.
La red de transferencias aparentemente ilícitas con Allaria en el centro incluye también empresas con conexiones políticas. Por ejemplo, Corporación América, un multimillonario operador de aeropuertos dirigido por Martín Eurnekian, ha transferido varios millones de dólares desde cuentas bancarias suizas a Argentina a través de Allaria en los últimos años. Eurnekian, a su vez, estuvo implicado en el infame cuaderno
(Cuadernos), que destapó una red de sobornos masivos controlada por Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.
Al parecer, Allaria también se ha visto envuelta en escándalos en Argentina. Entre ellos se incluye un escándalo de uso de información privilegiada relacionado con la recompra de bonos soberanos argentinos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social del país. El director de la empresa, Ernesto Allaria, ha disfrutado de un ascenso meteórico en los últimos años -coincidiendo con las transferencias ilícitas descritas anteriormente- y es cercano a la familia Kirchner. Al igual que otros financieros relacionados, podría estar vinculado a un escándalo de corrupción en curso en el que Martín Insaurralde, que dimitió recientemente como Jefe de Gabinete de la PBA, pagó inexplicablemente una indemnización de divorcio de 20 millones de dólares y fue fotografiado disfrutando de lujos que no podía permitirse legítimamente.2 Insaurralde habría movido esa inmensa suma a través de la sociedad de bolsa uruguaya Pro Capital mediante una cuenta abierta allí por el destacado financista argentino Miguel Sulichin (que dirige otra entidad financiera llamada Advise Wealth Management).
Los datos SWIFT revelan muchos otros casos de funcionarios de la PBA y de Argentina que transfieren fondos públicos potencialmente malversados al extranjero, violando los controles de capital. Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de la PBA (ABSA), que ha utilizado ABSA para canalizar pagos excesivos, transfirió al parecer enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza. E irónicamente, José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Producción de Argentina, que depende del Ministro de Economía (y candidato presidencial) Sergio Massa, utilizó un intermediario para transferir casi 1 millón de dólares al extranjero, cuando su propio Ministerio impuso los mismos controles de capital que él evadió. Estos son sólo algunos ejemplos de malversación y ocultación de activos. Otros descubrimientos revelarán más.
III. BoNY y Pershing se han negado a cumplir con la citación judicial
Los Acreedores del Juicio entregaron la Citación a BoNY y a su subsidiaria de propiedad absoluta Pershing porque la información pública indica que tienen un papel importante en las transferencias internacionales de dinero en Argentina. El 10 de mayo de 2023, los acreedores del fallo se reunieron y consultaron con ambos bancos (que están representados por el mismo abogado interno y adoptan posiciones prácticamente idénticas). Los bancos acordaron procesar la citación y ejecutar los casi 250 términos de búsqueda de prioridad 1 en sus bases de datos de mensajes de transferencias electrónicas internacionales (que contienen datos de mensajes SWIFT), mientras que los acreedores del fallo acordaron mantener en suspenso los términos de búsqueda de menor prioridad a la espera de los resultados de la producción de prioridad 1, y limitar el plazo de respuesta a 7 años.
El 22 de mayo, los bancos dieron marcha atrás y declararon que sólo podían utilizar 5 términos de búsqueda durante 6 meses. El 26 de junio, los bancos admitieron que, después de todo, podían utilizar los términos de búsqueda en sus bases de datos, pero afirmaron que sólo utilizarían 20 de los casi 250 términos de búsqueda de Prioridad 1. Los acreedores judiciales aceptaron revisar una producción inicial de 20 términos de búsqueda de prioridad 1, reservándose el derecho a solicitar que los bancos procesaran los términos restantes. El 2 de agosto, los bancos presentaron sus documentos iniciales, que, aunque limitados, contenían una elevada proporción de registros relevantes. Así pues, el 16 de agosto, los acreedores judiciales solicitaron a los bancos que procesaran los términos de búsqueda de prioridad 1 restantes, tal como se había acordado
previamente. Los bancos se negaron a ejecutar más de 40 (es decir, menos de una quinta parte) de los términos de prioridad 1 restantes.
2 El actual escándalo Insaurralde está siendo ampliamente cubierto en la prensa argentina. Véase, por ejemplo, Grim future para controvertido político Insaurralde,
MERCOPRESS (Oct. 6, 2023),
https://en.mercopress.com/2023/10/06/argentina-grim-future-for-controversial-politician- insaurralde.
El 2 de octubre, los acreedores de la sentencia rechazaron esta oferta insuficiente y volvieron a ordenar a los bancos que ejecutaran los términos de búsqueda de prioridad 1 restantes. Los acreedores de la sentencia señalaron que la citación sólo impondría costes de cumplimiento rutinarios a los principales bancos como BoNY y Pershing; los bancos tenían un procedimiento para ejecutar los términos de búsqueda y producir registros que respondieran; y los acreedores de la sentencia ya habían restringido la citación limitando los términos de búsqueda a la prioridad 1 y el intervalo de fechas a 7 años. El 6 de octubre, los acreedores y los bancos se reunieron y consultaron por teléfono. Los bancos afirmaron tener una capacidad limitada para realizar búsquedas. Los acreedores judiciales reiteraron que habían hecho importantes adaptaciones y que, aunque podían restringir determinados términos de búsqueda caso por caso, no podían limitar más la citación. Las partes acordaron que se encontraban en un punto muerto y que estaba justificada la orientación del Tribunal. El 10 de octubre, los bancos presentaron una nueva contraoferta consistente en aplicar 60 términos de búsqueda de prioridad 1 más, pero esta propuesta fue inaceptable para los acreedores judiciales.
BoNY y Pershing poseen sin duda datos SWIFT que responden a muchos de los términos de búsqueda de Prioridad 1 restantes y que son relevantes para la ejecución de la Sentencia. Además de la producción limitada, pero altamente relevante, que estos bancos hicieron el 2 de agosto, las producciones de otros bancos muestran que BoNY y Pershing enrutan transferencias internacionales para los funcionarios de la PBA nombrados en la Citación, confirmando que estos bancos tienen información altamente relevante y sensible. De hecho, Pershing aparentemente realiza la liquidación, compensación y custodia para Allaria, lo que significa que posee registros de posibles apropiaciones indebidas y transferencias ilícitas realizadas por funcionarios de la PBA y de Argentina, como se ha descrito anteriormente. Además, Pershing supuestamente enrutó el inexplicable pago de divorcio de 20 millones de dólares que Martín Insaurralde, ex Jefe de Gabinete de la PBA, inició a través de apoderados de la correduría uruguaya Pro Capital. Si bien los Acreedores Judiciales no sugieren ninguna impropiedad por parte de BoNY o Pershing y asumen que no son conscientes de la malversación aquí descrita, esta información subraya que deben cumplir urgentemente con sus obligaciones de descubrimiento.
IV. American Express no ha respondido a la citación ni la ha acatado
El 2 de mayo de 2023, los acreedores notificaron la citación judicial a American Express porque, según se informa, desempeña un papel importante en las transferencias internacionales de dinero en Argentina. Durante los meses siguientes, los acreedores se comunicaron con el banco varias veces por teléfono, pero no pudieron comunicarse con ninguna persona autorizada para hablar sobre la citación. El 15 de septiembre, los acreedores enviaron un correo electrónico a la Unidad de respuesta a citaciones del banco, solicitando una reunión. A lo largo de las semanas siguientes, el banco se negó por correo electrónico a tramitar la citación e ignoró las peticiones de reunión y consulta de los acreedores judiciales. El 4 de octubre, los acreedores volvieron a solicitar una reunión y una conferencia, haciendo hincapié en que el banco se había retrasado en su respuesta a la citación. El banco no ha respondido. Por lo tanto, los acreedores no han podido reunirse con American Express.
Por todas estas razones, los Acreedores Judiciales solicitan respetuosamente que el Tribunal les permita solicitar que se obligue a estos bancos a responder a la Citación en lugar de llevar a cabo una conferencia informal.
Respetuosamente presentado,
/s/ Dennis Hranitzky Dennis Hranitzky
Abogados de los acreedores judiciales CC: Abogados de BoNY, Pershing y American Express