Ante la asamblea legislativa, el presidente Alberto Fernández lanzó un extenso discurso que buscó defender las posturas políticas de su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y atacar a la gestión de su antecesor, Mauricio Macri.

Durante una hora y cuarenta y dos minutos, el presidente buscó tocar temas centrales, criticar duramente la gestión económica de Macri, apuntó al poder judicial y adelantó que “el problema de la deuda externa” será para la gestión que lo suceda, dado que se deberán enfrentar los compromisos de pago a partir del 2026 y se extenderán hasta el 2034.

A pesar de haber asegurado que no habrá una reforma previsional, afirmando que “la edad jubilatoria no será alterada”, y de haber descartado de plano la reforma laboral que pedían los pequeños y medianos empresarios, al confirmar que “la justicia social jamás puede ser objeto de una negociación”, el presidente Fernández pareciera no tener reparos a la hora de gastar el dinero público en comodidades para sus agentes.

Pocos minutos después de su discurso, se conoció el proceso de compra número 23-0002-LPU22, publicado por la dirección General de Administración (DGA), a través del cual la presidencia de la Nación buscará contratar un servicio de alquiler de vehículos con chofer.

La terminología, tan rebuscada, esconde un servicio tan simple como el de la contratación de taxis y remises. Los mismos estarán destinados al traslado de consejeros y agentes de la secretaría de Asuntos Estratégicos que asisten a las reuniones plenarias del Consejo Económico y Social.

Mientras en la mayor parte de los países desarrollados, que gozan de una economía mucho más saneada y pujante que la argentina, los funcionarios utilizan los transportes públicos a su propio costo para ir a trabajar, en la gestión de Alberto Fernández se contratarán un total de 13.700 viajes en taxi para ello. El servicio se contratará por doce meses hasta agotar las cantidades máximas requeridas, pudiéndose prorrogar el contrato con la empresa proveedora: algo así como más de mil viajes por mes promedio, para una pequeña área del estado.

El Consejo Económico y Social es un órgano colegiado y de participación ciudadana creado por el poder ejecutivo nacional, que reúne a empresarios, sindicatos y representantes del arco académico en la búsqueda de consensos sobre prioridades para el país. Hasta el momento, no es más que una promesa deslizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que “más adelante” se convocará al organismo “para acordar un sendero de baja de pobreza e inflación”. (www.REALPOLITIK.com.ar)