02/08/2021

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El esposo de la dueña de Chequeado fue procesado y embargado por 100 millones de pesos

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El exjefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté, está acusado del delito de “administración infiel” y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decretó su procesamiento “por encontrarlo prima facie (a primera vista) penalmente responsable del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor, manteniendo la libertad que goza”. Vale aclarar que las obras en cuestión que complican al esposo de la dueña de Chequeado, Laura Zommer, “no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad”.

Son tres convenios firmados en 2016 con el ministerio de Obras Públicas nacional que conducía Rogelio Frigerio, cuyo alcance monetario fueron más de 460 millones de pesos. Mediante estos acuerdos, la gestión del ex presidente Mauricio Macri se había comprometido a financiar la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti, entre la que se incluía una planta de tratamiento de líquidos cloacales, y, además, un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

En tanto, Ducoté fue embargado sobre sus bienes “hasta cubrir la suma de pesos 100 millones” y señalado como el “responsable primario” de los fondos girados por parte del estado nacional, ya que también fueron procesados varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar. Su ex jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone; el ex secretario de Obras Públicas comunal, Guillermo Iglesias; el ex director general de Calles y Red Vial, Osvaldo Caccaviello; y la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa; fueron considerados “participes necesarios” de la maniobra investigada.

Lo mismo sucedió con Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA; y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA. Por otra parte, todos los involucrados fueron afectados con la “inhibición general de bienes” y ninguno podrá salir del país, excepto Leonhardt que se encuentra en España y tiene “la obligación de presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, antes el consulado argentino más cercano a su domicilio”.

La causa se inició en 2019 tras la denuncia de la concejal del bloque Frente Pilarense, Paula González, luego que, con el tiempo, las obras no fueron ejecutadas por el municipio. No obstante, en la rendición de cuentas de la comuna, sí estaban certificadas como si hubiesen sido realizadas, una irregularidad que no pasó desapercibida por los ediles opositores. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

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