Victoria Villarruel, abogada que preside la Asociación Civil que nuclea a las Víctimas del Terrorismo de Argentina, disertó ayer en la segunda conferencia sobre contraterrorismo organizada por la ONU y habló sobre la organización Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante los años 70.

Allí, criticó el doble estándar del Gobierno en materia de derechos humanos y pidió por el resarcimiento de “las víctimas del terrorismo”. “El discurso oficial del gobierno argentino en derechos humanos es bastante inestable. Las autoridades dicen una cosa y después hacen otra”, sentenció.

Al hablar de los 70, Villarruel dijo que “más de 15 grupos armados perpetraron cientos de actos terroristas durante el gobierno democrática y de facto” y que, según recopiló la organización que preside, “17.380 personas fueron atacadas, algunas asesinadas y otras secuestradas o heridas”. Y advirtió: “Muchos eran extranjeros que fueron asesinados en mi país. Ninguna de estas víctimas fue reconocida por el estado argentino hasta ahora”.

Y continuó: “El terrorismo nunca puede ser opción para arreglar problemas ideológicos, políticos o religiosos. La única manera de que estos actos no vuelvan a ocurrir es estudiando el pasado y condenando al terrorismo como actos contra la humanidad. Mientras en todo el mundo se ha dicho que mi país es un líder en la defensa de los derechos humanos, la verdad es que miles de víctimas no son reconocidas para proteger a los atacantes”.

Además, la abogada dijo que “la impunidad de la esfera política fue el mayor cómplice del terrorismo argentino” y que esto derivó en que la ciudadanía “alzara la voz para defender a esos inocentes que fueron masacrados en nombre de la revolución o en nombre de la lucha contra el capitalismo o el imperialismo”.

“Razones que son solo excusas si consideramos el valor de la vida humana. La falta de interés del Estado constituye una nueva violación de los derechos humanos de gente inocente. No es verdad que compensando al terrorista la justicia y la verdad prevalecerán”, completó.

Sobre el final, Villarruel comparó a Montoneros y al ERP con Bin Laden: “Los terroristas que sufrieron represión estatal fueron compensados y las víctimas civiles fueron borradas de la memoria colectiva. Imaginen si la familia de Bin Laden fuera compensada en lugar de las 3000 familias del World Trade Center (Torres Gemelas), el rechazo que generaría. Esta es la situación en Argentina”.

“Cientos de terroristas fueron reintegrados al país y hoy forman parte de los tres poderes del Estado y aprueban leyes que los protegen. Me pregunto cómo puede ser que los terroristas accedan al poder y decidan el futuro de las personas que agredieron”, cerró.

A su turno, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, señaló que la Argentina considera al terrorismo “como una amenaza presente con nuevos desafíos por delante. Así, lo dejó planteado nuestro presidente Alberto Fernández al incluirlo entre los Lineamientos Estratégicos para el Sistema de Inteligencia Nacional”.

A partir de esto, dijo que “estamos frente a un fenómeno trasnacional que ha ido mutando con el tiempo. De la evaluación de amenazas sobre un espacio geográfico determinado, hoy asistimos a un proceso de desterritorialización, que extiende sus amenazas a todos los países e incorpora nuevas prácticas. Frente a una amenaza global, se impone una respuesta de las mismas características, basada en la cooperación mutua y el intercambio de ideas e información”.

Respecto a la discusión sobre los Derechos Humanos, Caamaño explió que “la República Argentina reivindica la necesidad imperiosa del respeto a los Derechos Humanos como principio rector de nuestra actividad”, y culminó su exposición haciendo un llamamiento “a todos los servicios de inteligencia de los Estados Miembro de la ONU a establecer canales de cooperación con nuestra Agencia Federal de Inteligencia para prevenir y contener los daños generados por actividades terroristas”.

 

iNFOBAE.COM