El gerente general de Pfizer Argentina Nicolás Vaquer confirmó que existen problemas legales que impiden la llegada de vacunas contra el Covid a Argentina, pero negó haber recibido un pedido de retornos como sugirió la presidenta del PRO Patricia Bullrich.

“El marco legal no es compatible con algunos aspectos que reclama Pfizer”, sostuvo Vaquer, durante su exposición en la Cámara de Diputados ante referentes de todas las bancadas. Mencionó problemas que “tienen que ver con la indemnidad que son parte del marco contractual”.

“La actual ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que esta proponiendo Pfizer”, ratificó Vaquer casi al final de su exposición, ante la insistencia de los diputados sobre si hace falta o no modificar la ley de vacunas.

Es que el gerente general de la compañía, que expuso por zoom y de a ratos pareció leer respuestas,  aclaró una y otra vez que no es abogado y por lo tanto no podía especificar los impedimentos. Ni siquiera confirmó que la traba en la negociación fue la palabra “negligencia”, incluida como atenuante para perder la inmunidad judicial de los laboratorios en la ley sancionada en noviembre.

De todos modos, Vaquer aclaró que las negociaciones no están cerradas y continúan entre apoderados de la filial local, la secretaría legal y técnica y el Ministerio de Salud. “Es importante desatacar que Pfizer no tiene ningún interés en intervenir activo del estado: esto incluye recursos naturales reservas del banco central, activos militares, estratégicos y culturales”, aclaró Baker.

Y aclaró que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos ni de intermediarios”, pero es “potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas avanza en su estrategia”.

Su exposición fue la primera de los laboratorios invitados y sirvió para que cada sector ratifique su posición, porque si bien admitió los problemas legales para negociar vacunas con Argentina, dejó pocas precisiones legales y no brindó información sobre el cumplimiento de los contratos firmados con los países de la región.

Es que si bien en su introducción, Vaquer informó que se producirán 2500 millones de vacunas, hubo una entrega de 640 millones con un cumplimiento contractual del “99.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2}”, pero cuando los diputados José Luis Ramón y Cecilia Moreau le exigieron un desglose no supo darlo.

Moreau, además, quiso saber sin éxito si esos números incluían las entregas dentro de Estados Unidos. En su exposición ante el Senado del último jueves, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le sugirió a la oposición repasar el cumplimiento de Pfizer en América Latina.

Vaquer anticipó el desarrollo de vacunas para adolescentes desde 12 años y una investigación para niños 6 meses y 11 años. Además, informo el desarrollo de dosis para combatir nuevas cepas, como la de Sudáfrica.

 

“El proceso de desarrollo de vacuna tarda 7 a 10 años y se aceleraron procesos a meses, semanas y días. Y esto incluye cláusulas de inmunidad que son consistentes en el mundo”, explicó y describió un proceso de negociación que se inició en julio de 2020.

“Ofrecimos al Gobierno 13.2 millones de vacunas para ser entregadas en diciembre de 2020. Luego hubo una segunda oferta realizada el 1 de octubre. La ley fue publicada el 6 de noviembre”, describió Vaquer.

“En la segunda oferta el Gobierno negociaba volumen, nos pidió acelerar entregas y no demostró interés en avanzar con vacunas que se podía entregar antes de junio y marzo de 2020”, detalló. Ante una consulta de Massa aclaró que la oferta era de 1 millón en 2020, 2 millones en el primer trimestre de este año, 5 en el segundo y 4 en el tercero. O sea, 8 ya podrían estar en el país.

Pero no fue igual de claro cuando se refirió a la ley. “No fuimos invitados a participar del proceso legislativo, pero si habíamos compartido los aspectos contractuales con el poder ejecutivo y entendemos es potestad del gobierno decidir con cual laboratorio vacunar”.

 

Luego aclaró que “Pfizer no exige ningún cambio en la ley sino que propone cambios contractuales que son consistentes con las que tenemos en el resto del mundo”, pero cuando le reclamaron demandas puntuales, recordó que no era abogado y no podía darlas.