La resolución de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, en la que falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires al respecto a la presencialidad de clases en los colegios primarios y secundarios, fue merecedora de varias opiniones y análisis. Algunas a favor, que vieron el fallo como una victoria política de Horacio Rodríguez Larreta sobre el Gobierno Nacional, y muchas en contra, que lo vieron como una falla al sistema democrático y un conflicto entre los poderes que perjudicaría la situación sanitaria.
Aníbal Fernández, actual interventor de Interventor Yacimientos Carboníferos Río Turbio y ex ministro de Justicia y del Interior en los gobiernos de Cristina Kirchner, en diálogo con Tiempo Judicial lamentó el fallo de la Corte, cuestionó el tratamiento de otras causas y criticó a Juntos por el Cambio, el principal opositor al Gobierno.
¿Qué lectura se puede realizar de lo ocurrido entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y la Corte Suprema?
Uno tiene que ir viendo paso a paso cuáles son las cosas que van sucediendo, para comprender a dónde estamos yendo. De los tres votos, los tres reconocen que el Estado Nacional tiene competencia federal. Pero, si vos agarras la sentencia y te fijas en el considerando 19 de Horacio Rosatti, y en el considerando 10 de Rosenkrantz, te vas a dar cuenta que hacen hincapié en un punto determinado: ellos dicen que hay un avance del Gobierno Nacional respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dicen que no está justificado de manera suficiente. Lo primero que me gustaría saber es cómo justificaron de manera suficiente la no presencialidad del Poder Judicial.
¿El Poder Judicial aplica esas mismas medidas sanitarias?
Ellos lo están llevando a la práctica. Tan cierto es, que la propia decisión de la CSJN está firmada de manera digital, no está firmada de forma presencial porque no estuvieron juntos. Uno tiene que replantearse en estas situaciones que función cumple la Corte Suprema.
“Hay un constitucionalista rosarino, Néstor Sagüés, que dice que para que la Corte tenga poder político, necesita tener respeto por parte de los otros poderes. En este país, ¿el Poder Ejecutivo respeta la Corte? No. ¿El poder Legislativo? Tampoco, entonces carecería de poder político”.
¿Y qué funciones debería cumplir?
En principio serían dos específicas. Una es la deontológica, que es la de cumplir específicamente el Derecho, la que lo transforma en el tribunal de última instancia. Y la otra, la del poder de la República. Entonces, en ese marco uno tiene forzosamente que prestar atención a lo que representan en cada uno de los casos.
¿En las decisiones de la Corte radica su poder?
Hay un constitucionalista rosarino, Néstor Sagüés, que dice que para que la Corte tenga poder político, necesita tener respeto por parte de los otros poderes. En este país, ¿el Poder Ejecutivo respeta la Corte? No. ¿El poder Legislativo? Tampoco, entonces carecería de poder político. ¿Y cómo se hace para poder conquistar el poder político? Solamente trabajando en beneficio de la relación con los otros dos poderes. ¿Han hecho esas cosas? No, de ninguna manera, por poner un ejemplo bien gráfico es el caso de Amado Boudou.
El caso de Boudou también generó grandes debates… ¿A qué se refiere?
No hablo de la persona, sino de la detención. Tendría que haber sido analizada por el Máximo Tribunal, hay demasiados elementos para estudiar. Él es un vicepresidente de la Nación, y sin embargo no se abocaron al tema y punto. Entonces, cada vez que tienen una oportunidad o en este caso, donde es necesaria la empatía respecto de todos los que están padeciendo, no les alcanzó para darse cuenta la importancia que tenía la presencia del Estado Nacional. Que tiene, dicho por ellos mismos, competencia en materia sanitaria cuando trasciende la jurisdicción y no se la reconoce en este caso.
La decisión también puso en eje una conjetura simple ¿Si decide la Corte, para que se vota?
Esto atenta absolutamente contra las democracias. Porque el que tiene la responsabilidad de colgarse al hombro semejante empresa, como es el caso de la pandemia, es el Poder Ejecutivo. No pueden decirle sueltos de cuerpo que no está justificado de manera suficiente. La cantidad de infectados y de muertos lo demuestran, y las explicaciones están dadas en el propio instrumento que grafica por qué el Poder Ejecutivo toma decisiones para todo cuando es imperioso que se tome. Tal es así que el lunes se envió al Congreso un proyecto de ley que grafique esa oportunidad para el Poder Ejecutivo de reglamentar lo que signifiquen este tipo de acciones para proteger a la sociedad.
Y sobre el rol de la oposición ¿Se puede considerar una forma legítima de política acudir a la Corte judicializando todo?
Yo no he visto nunca realmente que tuvieran la vocación de proteger de alguna forma los sectores vulnerables. En realidad, esto suena más a un posicionamiento de la derecha que ha perdido la tributación hacia el sentido, y que en todo caso se han transformado ellos en los trasgresores que dicen y hacen cualquier cosa creyendo que eso es apto o válido para generar algo de política. Es una catástrofe.