A pocos días de cumplirse un mes de la presentación del Plan Bienal, Integral y Federal contra la trata de personas por parte del Gobierno nacional, avanza en Córdoba la conformación de una mesa interinstitucional para abocarse a la prevención, detección, asistencia a víctimas y persecución a la redes de trata.
La Nueva Mañana dialogó con el director de apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, quien confirmó que en los próximos días estará solicitando un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti para su puesta en marcha.
“Estamos en proceso de construcción en Córdoba. Acabamos de nombrar un delegado, que es Sergio Navarro, quien desde hace mucho tiempo está involucrado en la problemática”, aseguró Vera.
El funcionario nacional detalló además que se vienen llevando adelante reuniones con varios organismos provinciales como con la subsecretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, María José Carignano; la directora de Trata de Personas en el Polo de la Mujer, Laura Villalba; también con Marta Guerreño López, del área de Atención Integral a las Mujeres Migrantes; y demás miembros del equipo del Punto Focal.
“También nos reunimos con el titular de la Delegación Renatre Córdoba Norte, Carlos Baravella y con el representante del Sindicato de Camioneros de Córdoba, Edgar Luján, porque hay un acuerdo con ese gremio para detectar situaciones de esclavitud en el ámbito rural. Se visitó además al jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ignacio Basélica, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López. Ahora, tenemos previsto una reunión con el gobernador Schiaretti que solicitaremos en los próximos días, para poder explicarle en qué consisten estas mesas que se reúnen una vez por mes y están permanentemente conectadas”, precisó.
Plan Bienal, Integral y Federal
El Plan Bienal, Integral y Federal contra la Trata de personas prevé más de 100 acciones y busca incentivar la prevención, persecución de ese delito, y la concreción de líneas de asistencia para sus víctimas.
La ley N° 26.864 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas establece la creación de un comité ejecutivo y que tiene la obligación de elaborar un plan bienal articuladamente con los tres poderes del Estado. El plan fue presentado el mes pasado en asociación con 44 organismos del Estado de los tres poderes, la mayoría de los ministerios y delegaciones del Poder Judicial provinciales.
“Sus ejes centrales son tres. En primer lugar, mejorar la asistencia y restitución de derechos a las víctimas, porque si bien se trabaja mucho en materia de persecución y de rescates, estamos flojos en garantizar la plena reinserción a la vida social de las víctimas. De hecho, el 80{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de las 16.000 personas que fueron rescatadas desde el año 2008, no lograron reinsertarse. Esto tiene que ver con que hay programas dispersos e insuficientes, y por lo tanto estamos trabajando en cambiar las políticas públicas en materia de asistencia”, precisó.
En ese sentido, se acordó con el Ministerio de Vivienda y los Institutos de Viviendas provinciales la posibilidad de construir módulos habitacionales para aquellas víctimas que tengan un terreno, y a quienes tengan un lugar en precarias condiciones, mejorarlo sustancialmente. También se avanzó con el cupo de emergencia para el acceso a la vivienda y un programa de alquiler social a través de un subsidio de emergencia habitacional.
“Por otro lado, reforzamos la asistencia económica a través del Potenciar Trabajo y se asiste a las mujeres rescatadas, tanto por trata laboral como sexual, con el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con un salario equivalente al mínimo, vital y móvil (SMVyM). En tanto, el Renatre brinda un subsidio por única vez a quienes son rescatados en situación de trata laboral”, indicó. El funcionario adelantó que junto al Ministerio de Trabajo, se avanza en una experiencia piloto para establecer un cupo de reinserción laboral para las víctimas de trata sexual.
El segundo eje de trabajo está centrado en el seguimiento de “la ruta del dinero”. “La trata es el tercer delito más rentable a nivel mundial. No podemos luchar contra la trata sin luchar contra el delito superior, que es el lavado de activos”, dijo. “En Argentina, hay unas 530 sentencias judiciales firmes en las cuales se condenó al dueño del taller clandestino, al contratista del campo donde había gente esclavizada o al proxeneta de un prostíbulo, pero raras veces se avanza sobre quienes colaboraban y sacaban lucro de esa actividad criminal”, indicó.
Con este fin, fueron incorporados al Comité Ejecutivo, organismos claves como la Unidad de información financiera (UFI), que será querellante en causas judiciales y colaborará en investigaciones preliminares; y la AFIP, que creo una división contra el trabajo ilegal. “Esto es importante para desmantelar la base económica de las mafias y decomisarle los bienes, para que sean reutilizados al servicio de la reparación de las víctimas a través de un fondo fiduciario que se constituyó en el ámbito del Ministerio de Justicia”, detalló Vera.
El último eje se centra en la articulación federal. “Hasta ahora los comité de trata hacían muchos esfuerzos desde la Capital Federal, pero es imposible avanzar si no existe una profunda articulación federal. Es por eso que estamos constituyendo mesas interinstitucionales de funcionamiento regular en todas las provincias”, precisó.
Hasta ahora se han conformado mesas interinstitucionales en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, y Capital Federal; y se espera que en el transcurso del 2021 se terminen de crear en el resto del país.
“En las provincias donde existen las mesas, se nota que hay un salto de calidad en los estándares de intervención, tanto sea en la capacitación como en la prevención publica, en la difusión de la línea 145 o en los allanamientos”, aseguró.
Según Vera, en el 2018 se rescataron 1500 de personas: de ellas, el 63,5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} eran víctimas de trata laboral, el 36{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} lo era de trata sexual y el 0,5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de “organizaciones coercitivas” o sectas.
“El ritmo de procedimientos es bastante intenso, en especial en el ámbito rural, donde el panorama es bastante serio”, señaló. “Tenemos 750 mil trabajadores rurales en todo el país, de los cuales, sólo 250 mil están registrados. Es decir que hay medio millón, que no puedo decir exactamente que están bajo trata laboral, pero que sí están trabajando de manera irregular y muchas de esas personas podrían estar sometidas a situaciones de trabajo forzado, explotación infantil y trata”.
Es por eso que se priorizó la conformación de las primeras mesas en las provincias del NEA y el NOA. “La mayoría de las víctimas de nacionalidad argentina provienen de esas regiones. Allí, el proceso está en un 80{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} conformado. Ahora estamos bajando hacia la zona centro, y en ese sentido estamos avanzando en la provincia de Córdoba”, señaló el funcionario.
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