01/08/2021

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No saben que inventar: Orgas de DDHH se presentan en la justicia contras las clases presenciales

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidió ser aceptada como “amicus curiae” en la causa que inició el Gobierno porteño.

 

Es para embarrar la cancha y que el fallo se atrase todo lo que pueda!!!

El expediente judicial que tramita ante la Corte Suprema y definirá el conflicto político y judicial por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires aguarda una respuesta del Gobierno nacional. Los abogados del Estado trabajan contra reloj, aunque tienen tiempo hasta el martes. Mientras tanto, una decena de organizaciones de derechos humanos se presentaron en las últimas horas opinando a favor del decreto que buscó restringir la actividad en las escuelas hasta el 30 de abril. En el Gobierno porteño sospechan que es el comienzo de una jugada coordinada para “embarrar” el expediente.

El primer paso lo dio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), bajo la figura de un “amicus curiae”, un instrumento jurídico que pueden utilizar terceros ajenos a una disputa judicial para expresas sus opiniones.

Aunque todavía no fue aceptada en ese rol de “amigo del tribunal”, la APDH ya adelantó que está en contra de las clases presenciales, con argumentos muy simulares a los que se escucharon en la Casa Rosada. “La suspensión de las clases se funda en la necesidad de disminución de la curva de contagios en un 30% sumado a las restricciones a la nocturnidad. Estas medidas intentan evitar la tan temida saturación del sistema de salud que implicaría que muchas personas no accedan a los servicios necesarios, complicando los datos de morbi-mortalidad”, arranca la presentación. Y agrega: “Los indicadores correspondientes para la Ciudad de Buenos Aires indican que se encuentra en alto riesgo sanitario, siendo su incidencia en los últimos 14 días (contados al 18/04/21) de 1251 por cada 100.000 habitantes y la razón de casos de 1,90”.

La presentación -con la firma de Guillermo Torremare, María Elena Naddeo, Soledad Astudillo- tiene decenas de gráficos y menciona estudios de diferentes entidades privadas y estatales, incluso extranjeras, para justificar la restricción de las clases.

La APDH hizo hincapié en los docentes fallecidos, a los que menciona con nombre y apellido. “Debemos decir que no se sabe cuántos de estos docentes y alumnos, han contagiado a sus familiares. Tampoco hay precisiones en la información pública y oficial disponible sobre docentes contagiados. Para ello, las agrupaciones y sindicatos docentes se han visto en la necesidad de llevar registros propios”, advierte en el párrafo siguiente.

Sobre el final, el organismo adhiere al decreto 241/2021 que restringió las clases en el AMBA hasta el viernes próximo y que motivó una crisis política con la Ciudad de Buenos Aires. “Se podrá avanzar con más celeridad y generar mejores aprendizajes en un contexto de seguridad y confianza, cuando estén dadas las condiciones para que esto sea realmente posible. Las consecuencias emocionales, sociales y económicas del aislamiento se pueden revertir, los aprendizajes se pueden recuperar. La vida no”, concluye la presentación.

No fue la única presentación. Horas después, una decena de organizaciones de derechos humanos adhirieron al “amicus curiae” de la APDH. El escrito tiene apenas dos carillas. Lo firman Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Ángela Catalina Paolin de Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), José Schulman (Liga Argentina por los Derechos Humanos), y Fernando Horacio Suárez (integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros.

La Corte todavía no contestó ambos pedidos pero los tuvo por presentados.

Con el argumento que los derechos humanos son “amplios”, la APDH pidió ser tenida en cuenta como “amicus curiae” en el expediente que arrancó con la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el gobierno porteño el viernes pasado, apenas diez minutos antes del encuentro entre Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta en la quinta de Olivos.

Fotografía cedida hoy por Presidencia de Argentina que muestra al presidente de la Nación Alberto Fernández (d), mientras se reúne con el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta (i), en la Quinta de Olivos en Buenos Aires (Argentina). EFE/Presidencia de Argentina
Fotografía cedida hoy por Presidencia de Argentina que muestra al presidente de la Nación Alberto Fernández (d), mientras se reúne con el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta (i), en la Quinta de Olivos en Buenos Aires (Argentina). EFE/Presidencia de Argentina

La Ciudad solo objetó el artículo 2 del DNU, que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta el 30 de abril. No cuestionó la totalidad del decreto. ¿Por qué se tomó esa decisión? “Hay una arbitrariedad manifiesta en la decisión de cerrar las escuelas, ya quedó bien claro que no es el remedio, lo demostramos con las estadísticas, pero alguna restricción era entendible (en el caso de los bares y restaurantes). Por eso se decidió concentrar el reclamo en las clases, no queríamos perder el foco”, explicó un alto funcionario porteño.

La Corte apuró los tiempos y el mismo viernes le corrió vista al Gobierno Nacional, que ahora puede responder hasta las “dos primeras horas” del martes. Ese mismo viernes, también se pronunció la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo la funcionaria de carrera.

Con ese aval, el lunes pasado el máximo tribunal se declaró competente para intervenir en base a su propia jurisprudencia. Solo votó en disidencia la jueza Elena Highton de Nolasco.

Apenas un día después, el juez Esteban Furnari, del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el kirchnerismo tiene marcada influencia, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo obligó al jefe de Gobierno a ratificar nuevamente las clases.

La batalla judicial sigue sumando movimientos silenciosos. Los padres de alumnos y la ONG que habían motorizaron la demanda en la justicia porteña decidieron apelar la resolución de Furnari. Por ese motivo, la Corte tuvo que mandarle el expediente que el propio magistrado ya había remitido para que conteste la apelación.

Por estas horas nadie se anima a adelantar cuándo resolverá la Corte. Los plazos podrían extenderse si le vuelve a pedir opinión a la Procuración General sobre el fondo de la cuestión. En la Ciudad se mantiene la expectativa por un fallo favorable.

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