La ex ministra de Economía, junto a integrantes de una nueva asociación, denunciaron a la ex ministra de Seguridad, a diputados opositores y a referentes de Unión Republicana por la instalación del pasado 27 de febrero en Plaza de Mayo

 

La agrupación kirchnerista Instituto Independencia Asociación Civil, comandada por la ex funcionaria condenada Felisa Miceli, denunció penalmente este lunes a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a diputados de la oposición y a integrantes de Unión Republicana por haber participado de la marcha opositora en Plaza de Mayo donde se observaron bolsas de consorcio que emulaban cadáveres de personas y que presentaban el nombre de funcionarios y figuras cercanas al Gobierno Nacional que se vieron beneficiadas por el «vacunatorio VIP».

Los integrantes de esta agrupación «en formación» -tal como aclaran en la denuncia judicial- denunciaron por «instigación a la violencia y a la muerte» y «afectar el orden público y vida democrática» a Bullrich, a los diputados Fernando Iglesias, Fernando Sánchez y Waldo Wolff, y a los referentes de Unión Republicana, Martín Pugliese, Inés Liendo y Ulises Chaparro. 

Tras una breve descripción de los hechos, la propia agrupación aclara en su denuncia penal que no tiene pruebas de que estas personas denunciadas hayan estado detrás de la instalación de las bolsas mortuorias, pero le pide a la Justicia investigarlos por su presencia en el lugar de los hechos.

Los supuestos delitos mencionados en la denuncia son los previstos en los artículos 209 y 213bis del Código Procesal Penal y el artículo 3 de la Ley 23592. Este último artículo mencionado en la denuncia explicita: «Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas».

Además, entre las medidas de prueba que exigieron desde la agrupación que integra Felisa Miceli destacan las cámaras de seguridad de la zona «para identificar a las personas responsables de los hechos», y también piden a la Justicia que solicite «a los canales de televisión las grabaciones relacionadas con el acontecer de estos episodios».

Pero las medidas de prueba no terminan allí. También pidieron realizar un relevamiento en las redes sociales para determinar quiénes convocaron a la manifestación y  avanzar con allanamientos a los domicilios de las organizaciones que convocaron a la marcha del pasado 27 de febrero «de donde puede surgir importantes datos sobre la metolodogía siniestra elegida y sus motivaciones».

Por último, esta asociación también pidió que la Justicia cite a declaración indagatoria a los denunciados. Otra curiosidad de la denuncia es que incluye en el pedido a indagatoria al senador Martín Lousteau, quien no figura entre los denunciados formales.

Reaparición de Felisa Miceli

Felisa Miceli se encontraba fuera del radar de los medios de comunicación desde hacía muchos años. En 2015, la Corte Suprema confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra la ex ministra de Economía de la Nación por el caso de la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho.

Así Miceli se convirtió en la primera funcionaria del kirchnerismo en tener una condena definitivamente firme, ya que después de la Corte no hay más instancias de revisión. Por esa condena, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 le dio a Miceli la pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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