Aborto legal: Alberto Fernández jugó fuerte y espera una victoria para capitalizarla políticamente sobre el final de un año difícil

El gobierno nacional apoyó, en su mayoría, el proyecto de ley que propone que el aborto sea legal, seguro y gratuito. A diferencia de la gestión de Mauricio Macri, durante la que se trató el primer proyecto, que fue rechazado por el Senado, en esta oportunidad los ministros del Gabinete y el presidente Alberto Fernández respaldaron el proyecto con contundencia. En ese contexto, el Gobierno tiene como desafío por delante no volver a tropezar en la gestión y lograr que la ley salga.

La legalización del aborto fue uno de los temas de campaña de Fernández. No fue el principal ni tampoco una de sus banderas, pero se refirió al tema cada vez que se lo consultaron en entrevistas periodísticas. No lo esquivó. Siempre dijo que su intención era que el proyecto se tratara cuánto antes y se aprobara. Luego, a lo largo del año, cuando la agenda de la pandemia comenzó a dejar lugar para otros temas, manifestó su voluntad de que la ley salga antes de que se cierre el 2020.

El 17 de noviembre, a través de un video grabado en la Quinta de Olivos y publicado en sus redes sociales, el Presidente anunció el envío al Congreso del proyecto de legalización del aborto y otro denominado “Mil días”. El segundo está apuntado a fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo. Durante el anuncio vistió una corbata color verde, señal clara de apoyo a la legalización del aborto.

Durante toda la jornada habrá militantes “verdes” y “celestes” en la puerta del Congreso (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

El plan de los 1000 días tiene seis puntos claves que describen con claridad el objetivo que tuvo el Gobierno al presentarlo: contener a las embarazadas y asistirlas desde el Estado. Un guiño para los legisladores que reclamaban, desde el debate de la ley en el 2018, una mayor presencia estatal en el cuidado de las mujeres embarazadas. Y también un camino del medio para tratar de sumar más adhesiones a la ley de legalización.

Una de las medidas destacadas es la creación de una nueva Asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH), a abonarse una vez por año; otra es la extensión del pago por la Asignación Universal por Embarazo, que pasa de seis mensualidades a nueve, abarcando la totalidad del embarazo; mientras que una tercera es la ampliación del pago por Nacimiento y por Adopción beneficiarios de AUH.

Los otros tres puntos importantes son la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia; la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales; y la proposición de políticas prioritarias de género para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes.

La sanción o no de la ley se definirá en la madrugada del miércoles en el recinto de la Cámara de Senadores (Mattiazzi/Archivo)

En el Gobierno conviven dos miradas. Hay despachos de la Casa Rosada donde asumen que si la ley no sale será un golpe duro para la gestión. Reconocen que el apoyo explícito del Presidente y gran parte de sus ministros es similar a poner todas las fichas arriba de un solo número de la ruleta. Detrás de ese respaldo público, que se visibilizó en las redes sociales y los medios de comunicación, existe una convicción. El gran desafío es que la voluntad de legalizar el aborto no termine por generar un traspié político.

Otra mirada reduce el posible impacto de un rechazo a la ley en el Senado. Advierten que si la ley no sale será solo un intento fallido y que lo realmente importante es destacar la voluntad del gobierno nacional de buscar su aprobación. Es decir, valorar el impulso del proyecto y desestimar el impacto político real que pueda generar un revés en la Cámara alta.

El gobierno de Fernández apostó a la sanción de la legalización del aborto en un año extremadamente complejo. Un año marcado por la pandemia, la caída de la actividad económica, el aumento del desempleo y la pobreza, y la profundización de una crisis económica heredada de la gestión de Mauricio Macri. En ese escenario decidió enviar el proyecto de ley, respaldado públicamente y militarlo con el fin de dejar en claro la voluntad política del jefe de Estado.

La ministra Elizabeth Gomez Alcorta; la secretaria de Legal y Tecnica, Vilma Ibarra y el ministro de Salud, Gines Gonzalez García durante el debate del aborto en la Cámara de Diputados

Entre los ministros que apoyaron el aborto están el de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el de Defensa, Agustín Rossi; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el de Salud, Ginés González García y el de Turismo, Matías Lammens. También, y a la cabeza de la militancia, apareció la titular de la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En diálogo con Infobae, Gómez Alcorta, una de las ministras que más defendió la ley, aseguró que un posible triunfo celeste no generaría un impacto político dentro del gobierno del Frente de Todos, más allá del apoyo explícito de la mayoría de sus integrantes. “El impacto va a tener que ver en la vida de las mujeres que mueren producto de los abortos. No enfatizaría en las derrotas o las victorias en manos de un gobierno”, sostuvo.

Además, consideró: “El primer proyecto de aborto se presentó en 1992. Antes de que se tratara en el 2018 se había presentado trece veces. Son proyectos que trascienden los triunfos y las derrotas a los gobiernos, que son coyunturales pero las demandas del movimiento de mujeres y de la diversidad son demandas históricas que exceden por mucho los mandatos presidenciales”.

Si la ley sale, es todo ganancia para el Gobierno, que logró canalizar el reclamo social más fuerte de las últimos dos años Si no sale, el proyecto volverá a presentarse más adelante y el reclamo seguirá vigente, pero la gestión de Alberto Fernández habrá tenido un nuevo traspié. En esa hilera de pasos en falso del 2020 aparecen la intención de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y el tratamiento de la reforma judicial, como dos claros ejemplos.

El bando celeste espera una votación muy ajustada en el final de la sesión que tendrá lugar en el Senado (REUTERS/Martin Villar NO RESALES. NO ARCHIVES)

En ninguno de los dos casos se midió el impacto que generaría en la sociedad, que terminó manifestándose contra el Gobierno en las calles, ni se pudo gestionar acuerdos con la oposición para sostener los proyectos de ley en el Congreso. Errores de cálculo que tuvieron un costo político para la gestión del Frente de Todos. En esta oportunidad, aunque el debate es transversal, un potencial rechazo de la ley en el Senado sería un nuevo revés para el gobierno nacional.

Enviar una ley al Congreso sin tener definidos los votos y en el epílogo de un año extremadamente complejo y particular resulta ser una apuesta demasiado fuerte. Y como toda apuesta, en esta instancia impregnada de convicciones y creencias, puede salir bien o mal, más allá de la importancia que pueda tener el impacto de la ley en el mapa sanitario de la Argentina.

Más allá de los números finos que hay en el poroteo de votos, en Balcarce 50 están convencidos que la ley será aprobada. Evitan dar mensajes triunfalistas pero advierten que el proyecto tendrá el respaldo necesario para transformarse en ley y cerrar una etapa en el debate social más importante que tuvo el país desde el 2018 a esta parte.

Al mismo tiempo, asumen que la relación con la Iglesia Católica se tensará. Es normal. Nadie piensa lo contrario. Ni en la Casa Rosada ni en la estructura de la Iglesia, donde sienten que el Gobierno lleva adelante una agenda paralela, donde hay otro orden de prioridades. Sostienen que no es el momento de discutir una ley que divide a los argentinos, justo en el final de un año donde Fernández pidió, en reiteradas oportunidades, trabajar unidos para salir de la pandemia.

“El Presidente decía que había que cuidar la vida y ahora sale con el aborto. Es una deslealtad, una canallada”, resaltó en una charla con este medio un sacerdote con llegada directa al Papa Francisco. Lo sienten como una traición y asumen que, más allá del resultado de la votación, la relación entre el Gobierno y la Iglesia está, y quedará después del debate, a temperatura bajo cero.