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15/06/2021

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Los centros de diálisis dejarán de incorporar pacientes afiliados al PAMI a partir de mañana

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Los prestadores de servicio de diálisis no admitirán el ingreso de nuevos pacientes afiliados al PAMI. Así lo anunciaron, en un comunicado conjunto, la Confederación de Asociaciones de diálisis de la República Argentina (Cadra), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, tras la falta de acuerdo económico con la institución que conduce Luana Volnovich. Según el registro que tienen los prestadores, se incorporan, por mes y a nivel país, entre 100 y 300 pacientes de diálisis.

“No podemos financiar indefinidamente al Estado, haciéndonos cargo de nuevos pacientes sin tener una recomposición del valor. Estamos llenos de deudas con el personal, con los proveedores y con los bancos”, explicó a LA NACION Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis, y advirtió: “Sin recomposición, además, seguirán cerrando centros de atención. Esperábamos tener 30 más, para esta fecha, y, por el contrario, hay 20 menos, que desaparecieron en los últimos años”.

Actualmente, son alrededor de 10.300 los pacientes de diálisis que dependen del PAMI, sobre un universo total de 30.000. Los prestadores indicaron que existe un desfasaje mayor al 40% entre el monto que reciben del PAMI por las prestaciones y el valor real de las mismas -el cual está sujeto al dólar, dado que todos los insumos para la práctica del tratamiento de diálisis son importados-. Los médicos perciben $5600 por cada sesión, cuyo costo real ronda los $8000.

“El año pasado tuvimos un aumento del 69%, previo a las PASO, que automáticamente quedó chico con la suba abrupta del dólar, y nunca más se actualizó. Desde entonces, el dólar continuó en aumento, la inflación superó el 40% y la pandemia nos exige costear medidas de bioseguridad excepcionales. No tenemos margen de maniobra”, indicó Casaliba.

Tras distintas instancias de negociación, el PAMI propuso un aumento del 28% en las prestaciones, a partir de enero y en cuatro partes, según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo. Además, un complemento para paliar los gastos extras que surgieron con la pandemia, que incluye $990 mensuales por paciente y el traslado de pacientes ubicados a menos de diez kilómetros de distancia de los centros de atención. Los referentes de las asociaciones médicas, sin embargo, no quedaron conformes con la oferta del PAMI. “Esto no es un ajuste en el valor de la prestación, es un ajuste respecto de la inflación que ellos calcularon que habrá. La propuesta es absolutamente inviable”, dijo a LA NACION Miguel Discépolo, presidente de Cadra.

Instancia judicial

Ante el anuncio de que los 470 centros de diálisis del país no aceptarán nuevos pacientes desde este miércoles, el PAMI emitió un comunicado oficial en el que asegura que “ninguna persona afiliada quedará sin servicio”, y que el organismo se presentó ante la Justicia Federal y solicitó el dictado de una medida cautelar de “no innovar”, en el marco de “las amenazas” de las asociaciones de diálisis.

“Queremos denunciar públicamente nuestra profunda preocupación ante las medidas extremas de amenazar con el corte de una prestación fundamental para garantizar la salud de nuestras personas afiliadas y utilizar la misma como extorsión en el marco de las mesas de negociación”, dice el comunicado oficial. Además, el escrito sostiene que el PAMI “paga precios similares a los del promedio del resto de las obras sociales y prepagas” y que “las prestaciones de diálisis durante el 2020 aumentaron más que la inflación”.

“Apelamos a la responsabilidad que tienen como efectores de salud para que no interrumpan la atención a nuestras personas afiliadas y apostamos a un diálogo sincero para encauzar los reclamos dentro del marco correspondiente”, concluye el comunicado.

Ante la disputa, el presidente de Cadra indicó que los referentes médicos continúan dispuestos a negociar, y que la medida que regirá a partir de mañana no es una “medida de fuerza”, sino la “imposibilidad” de prestar un servicio. “El juez entenderá que para pagar una prestación existe un precio básico, que es el del mercado. Cualquiera sabe que si vamos a comprar carne con $100, no vamos a poder llevar más que un paquete de arroz”, agregó Discépolo.

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