Como marca la tradición política ante cada transición democrática, la fuerza que llega al poder trae consigo a su gente y desplaza a los vencidos. Algo así parece haber ocurrido con el regreso de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y los 376 altos cargos restantes que desembarcaron el 10 de diciembre pasado en la Casa Rosada.

Desde que el Frente de Todos volvió al poder, la plantilla de trabajadores civiles de la Administración Pública Nacional (APN) perdió 2722 trabajadores, la mayoría de ellos destinados a funciones administrativas y de gestión en diferentes ministerios y reparticiones descentralizadas, y de esta manera en abril, cuando se hizo el último recuento oficial, era 1,5% más flaca que a la misma fecha de 2019, cuando todavía gobernaba Mauricio Macri.

Los datos surgen de la Base Integrada de Empleados Públicos (BIEP), creada por Macri en 2017 a instancias de su entonces ministro de Modernización, Andrés Ibarra, cuando la crisis económica todavía no se había llevado puesto al gobierno cambiemita y se trabajaba con un ambicioso plan para recortar la nómina de trabajadores estatales.

A pedido de los diputados de la Coalición Cívica, el ministro coordinador Santiago Cafiero informó oficialmente que, entre altas y bajas, el Estado llevaba recortado 2722 puestos, principalmente en la administración central o en organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete y los ministerios del Interior, Agricultura, Ciencia y Tecnología,, Defensa y Desarrollo Social.

La sospecha del bloque referenciado con Elisa Carrió es que el Gobierno no solo removió a la “planta política” macrista, sino también a personal que había concursado en organismos reguladores, como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), cuyas intervenciones desplazaron a los burócratas que habían ascendido en la era Macri. Las bajas en ambos organismos fueron mínimas: apenas cuatro personas.

Las principales sangrías se registraron en la plantilla de la cartera de Interior, donde el ministro Eduardo “Wado” De Pedro recortó 741 puestos heredados de Rogelio Frigerio. Según su entorno, el dirigente de La Cámpora no echó personal, sino que lo derivó al resucitado Ministerio de Obras Públicas, que antes dependía de Frigerio.

La otra merma considerable fue por la gente que llegó al poder en 2015 de la mano de Marcos Peña, “los ojos y los oídos” de Macri, según lo definía el expresidente. Su sucesor en la coordinación de carteras, Santiago Cafiero, removió 517 puestos de la Secretaría de Innovación y 333 contratos en la Secretaría de Medios y Comunicación, que manejaba hasta diciembre el experiodista Jorge Grecco y desde donde muchas veces se acusó de tener montado un ‘troll center’.

La cúpula de Agricultura, donde manda el formoseño Luis Basterra, limpió un centenar de trabajadores contratados allí, y otro centenar en el Senasa, uno de los focos de mayor conflicto sindical durante la gestión macrista. En Ciencia y Tecnología, las bajas se registran en el Conicet, donde aún no se terminaron de evaluar los ingresos a la carrera, se excusaron fuentes oficiales.

A contramano, el albertismo engrosó con personal propio algunas reparticiones: Cafiero incorporó 300 personas en el cuerpo de funcionarios que reviste tareas en el edificio Somisa, en Diagonal Sur y Belgrano, y Gabriel Katopodis también se llevó 300 hombres y mujeres para poner en marcha Obras Públicas.

Un caso similar ocurrió con el área de Cultura, donde Tristan Bauer incorporó 270 empleados. Otro de los recién creados, que es el ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de María Eugenia Bielsa sumó 326 nuevos puestos que componen la dotación total del área.

En la órbita de Salud, el Hospital Posadas, que fue uno de los focos de la razzia macrista, recuperó a 249 funcionarios que hoy son de oro para el combate del coronavirus, según reportó la Secretaría de Gestión y Empleo Público, una suerte de “gerencia” de Recursos Humanos del Estado.

El secretario general de la Asociación de Empleados del Estado (ATE), Daniel Catalano, de buen vínculo con el Frente de Todos, dijo a #BORDER que “no se ve una situación de achique ni retiros masivos de gente de Macri”, aunque notó que “hay áreas que están esperando que se levante la pandemia para contratar” más personal.

La diputada “lilita” Paula Oliveto Lago puso en duda el resultado de las cuentas porque “al no tener Presupuesto sancionado no conocemos las metas físicas por áreas en planta permanente y planta transitoria, ni la cantidad de puestos a ocupar con contratos de locación de servicios”.

UNA RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO ESTATAL

Al inicio del nuevo gobierno, en diciembre de 2019, se volvió a reorganizar la APN. El gobierno de Alberto Fernández creó tres nuevos ministerios (Desarrollo Territorial y Hábitat; Mujeres, Género y Diversidad; y Obras Públicas), jerarquizó seis que eran Secretarías de Gobierno (Ambiente y Desarrollo Sostenible; Salud; Turismo y Deportes; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social) y mantuvo once con algunos cambios de denominación y funciones.

De acuerdo al análisis elaborado por Cippec, la cantidad de ministerios (21 incluyendo a la Jefatura de Gabinete de Ministros) y de secretarías (84) están en línea con el promedio del periodo 2015-2019. Donde hay mayores fluctuaciones es a nivel de las subsecretarías. Se incrementaron un 31% respecto al momento previo al cambio de gobierno.

La administración nacional y los entes públicos contaban de este año con 383.146 trabajadores, la mayoría de ellos efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad (196.271 siendo exactos) y 186.875 trabajadores civiles. En la comparación interanual, la reducción de trabajadores es del 0,6%. Dejando de lado el personal no civil, la reducción de planta fue del 1,5%, según las estadísticas del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Sin embargo, la reducción más brutal del empleo público desde que se tiene estadísticas ocurrió entre 2017 y 2018. En octubre de 2017 la APN había perdido 5,6% de su personal respecto del año anterior en términos generales, aunque el achicamiento más fuerte entre el personal civil sucedió en octubre de 2018, cuando se registraron 7% menos contratos. En términos generales, la burocracia estatal se redujo casi un 10% con Macri, al pasar de 422.775 al inicio de su mandato a 382.963 en su final, en gran medida por la discontinuación de contratos precarios o temporales.

La estructura organizativa de la APN comprende 22 jurisdicciones, entre las que se encuentran 20 ministerios, la Jefatura de Gabinete y la Presidencia. Las áreas de mayor cantidad de puestos continúan siendo los ministerios de Defensa y de Seguridad —con 107.964 y 100.600, respectivamente— que, sumados, reúnen el 54 % de la dotación total.

Otras reparticiones numerosas, con más de 10.000 puestos, son Salud, Economía, Justicia, Trabajo, Agricultura y Ciencia. De hecho, los ocho ministerios mencionados emplean a algo más del 85 % del personal. Las que menos, los nuevos ministerios de Mujeres, Género y Diversidad (227 puestos), Hábitat y Desarrollo Territorial (326) y Turismo (851).

Según el tipo de contratación, dos tercios del personal permanente -cerca de 243.000 personas- están “resguardadas” de los vaivenes de los gobiernos de turno por ser gente de planta permanente. Un tercio de contratados —123.000 personas- tienen una situación más precaria, y un pequeño porcentaje —4,4%, casi 17.000 trabajadores— podrían ser desvinculados al estar bajo diversas modalidades de contratación temporaria.

¿SE GANA BIEN EN EL ESTADO?

Si se tiene en cuenta que el haber promedio de los asalariados en la Argentina ronda los $ 40.000 de acuerdo a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), solo 12% de la planta estatal cobra por debajo de esa cifra, en tanto un cuarto de los trabajadores (unos 48.000) cobran hasta de $ 40.000 a $ 60.000, y otra cifra similar (42.000) cobran hasta $ 80.000. Por encima de ese valor se ubican 70.000 funcionarios, casi una cuarta parte de toda la burocracia estatal.

 

GRÁFICOS: MARTÍN DURÉ